Apenas seis meses después de decretarse el fin de la pandemia y de la obligatoriedad de usar mascarillas en entornos sanitarios, el Ministerio de Sanidad da un bandazo y se lanza a imponerlas de nuevo en toda España. Con nocturnidad y sin consenso, pues la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada este lunes en Madrid había finalizado de una manera totalmente diferente. La fuerte epidemia de gripe que ha tensionado el sistema de salud a nivel nacional no había sido razón suficiente para poner de acuerdo a las autonomías y Mónica García cosechó su primera derrota tras dar el salto al Gobierno de Pedro Sánchez. Tuvo que enfrentarse a los reproches de consejeros de diferente signo político por lo precipitado de una reunión en la que llegó a entregárseles el documento con las propuestas del Ministerio con la sesión ya iniciada. 

El grueso de autonomías, entre ellas Navarra, rechazaron el uso obligatorio y apostaron sólo por recomendarlo. En el caso de la Comunidad foral, el consejero Fernando Domínguez defendió que las hospitalizaciones por gripe -110 la semana pasada- están en el rango de años anteriores a la covid y que no veían necesario recurrir a la imposición. Sí dijo que “intensificarán” la recomendación de portar mascarillas en hospitales, centros de salud, residencias de mayores y de personas con discapacidad, los sectores más vulnerables. 

Sin embargo, fuentes del departamento de Mónica García confirmaron la noche del lunes la imposición del EPI a partir del miércoles en hospitales y centros de salud (quedan fuera centros sociosanitarios y farmacias) en cumplimiento del art. 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública en casos “de urgente necesidad”. Esta fórmula ya se utilizó durante la pandemia para imponer restricciones como limitaciones horarias de la hostelería, cerrar el ocio nocturno o prohibir fumar en la calle una vez las comunidades recuperaron competencias al acabar el estado de alarma. Decisiones que acabaron en ocasiones en los tribunales.