El Consejo de Ministros ha autorizado a la Sepi a comprar el 10% del capital social de Telefónica, lo que convertirá al Estado en el principal accionista de la compañía 26 años después de que fuera completada su privatización. La entrada en ella sin previo aviso de la operadora pública saudí STC, que anunció en septiembre la adquisición de un 4,9% y tiene reservado otro 5% a la espera del visto bueno del Gobierno, obligaba a una urgente y firme respuesta para proteger a una empresa estratégica para nuestro país por su liderazgo en un ámbito tan sensible como el de las telecomunicaciones y por gestionar infraestructuras críticas en materia de seguridad nacional y defensa. En esas razones de peso se ha apoyado el Ejecutivo para justificar su decisión. Aunque cabe preguntarse si no habría sido posible un blindaje auspiciado por inversores privados. Es cierto que el carácter inequívocamente político de la medida transmite un claro mensaje de apoyo a Telefónica que, al provenir de un Gobierno, puede resultar más disuasorio frente a hipotéticas operaciones hostiles de terceros. Pero también alienta el peligro, o cuando menos la sospecha, de un eventual intervencionismo en la multinacional, en cuyo consejo de administración estará representado el Estado. Por ello es necesario que el Gobierno explique sus planes en el Parlamento y deje claro que, a través de la presencia de la Sepi en el grupo, se limitará a una estricta protección de los intereses nacionales. Parece sensata la búsqueda de un acuerdo en ese sentido con Caixabank y BBVA, que suman el 11% del capital, para conformar un núcleo duro que dé estabilidad al accionariado y contrarrestar así la posible influencia en la compañía de un actor tan alejado de los estándares democráticos como Arabia Saudí. El coste de la operación la hace manejable en términos económicos. Pero también advierte sobre la debilidad de las “telecos” europeas ante compradores extracomunitarios y empuja a afinar en un mercado global la protección de grandes compañías esenciales para el destino de un país.