Diario de Navarra

No podemos pasar por alto los acontecimientos más importantes producidos este mes de noviembre en el escenario de nuestra política española. Primero, voy a referirme a la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez quien, celebradas las elecciones del 23-J, finalmente ha logrado ser elegido con mayoría absoluta, mediante el apoyo de 179 diputados del Parlamento, tras el acuerdo pactado con Puigdemont (Junts) una semana antes en Waterloo, convirtiendo al prófugo de la Justicia en el árbitro de la política española. Hay fechas, como la del 9 de noviembre, que constituyen eventos históricos. En 1989 se produjo la caída del muro de Berlín, levantado en 1961. En 2014, Artur Mas organizó una votación sobre la independencia de Cataluña. En este año 2023, Sánchez ha cedido al chantaje y a la traición a cambio de su investidura, la más costosa de la historia de la democracia, defendiendo en el Parlamento que la legitimidad del acuerdo de investidura para su gobierno progresista supondrá un muro de democracia, progreso y convivencia (conveniencia, según Feijóo), y la defensa de una amnistía perfectamente legal y acorde a la Constitución, añadiendo que las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud, todo ello frente a las actitudes reaccionarias del Partido Popular y de Vox; contrariamente, ha dado un golpe institucional a la constitución, la democracia y el estado de derecho. Según el portavoz andaluz del PP, es un tirano dispuesto a atropellar derechos y atacar la constitución, así como la igualdad y dignidad de los españoles para mantenerse en el poder, mediante sus cinco pactos con sus socios de gobierno Sumar, ERC, Junts, Bildu y PNV. Estas son las principales concesiones imprescindibles exigidas para la investidura, y para la legislatura: a) Sumar: reducción gradual de la jornada laboral, a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 en 2025, y progresivamente hasta las 32 horas (semana de cuatro días); continuidad de la gratuidad del transporte público, y permanencia del impuesto a la banca; b) y c) ERC y Junts: coincidentes en parte, en ley de amnistía y autodeterminación, condonación de la deuda de la Generalitat, 15.000 M€ del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), cesión del 100% de los impuestos estatales que se recaudan en Cataluña, traspaso de cercanías, y la figura del mediador internacional para el cumplimiento del acuerdo con Junts; d) y e) Bildu y PNV: coincidentes en parte, en referéndum y reconocimiento de una nación vasca, Euskalherria, incluyendo a Navarra, una probable amnistía y excarcelación de presos etarras, y el traspaso del régimen económico (ruptura de la caja única) de Seguridad Social. Tales cesiones resultarán finalmente inasumibles. Segundo, superada la investidura, el nuevo reto al que se enfrenta Sánchez es completar una tercera legislatura de cuatro años, con el nuevo gobierno frentista de coalición Frankenstein II y sus veintidós ministerios. Este es el escenario del inicio de un nuevo periodo político para España presumiblemente frágil y de incierta duración. Tercero, finalmente conviene destacar el registro parlamentario de la polémica Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, pactada por el gobierno, e inconstitucional, aunque el politizado Tribunal Constitucional vaya a refrendarla. Pues bien, dicho acuerdo pretende convertir el Congreso en un foro para denunciar el famoso lawfare (judicialización de la política), la supuesta persecución judicial para atacar al adversario político, y forzar mecanismos de control frente a la separación de poderes, y poder juzgar y perseguir a los jueces incómodos, mediante comisiones parlamentarias de investigación. En mi opinión, si se aprueba la ley de amnistía, como auguran la mayoría de jueces, supondría el comienzo del fin de la democracia. Todo parece indicar que la amnistía es irreversible, porque las declaraciones del Parlamento Europeo que examinará dicha ley, siendo exigible que ésta garantice la independencia judicial, carecen de valor resolutorio; y los recursos que se interpongan ante el TJUE, sobre si la injerencia del Legislativo, y sobre todo del Ejecutivo, en el Judicial, es conforme o no a los usos de la UE, no surtirán los efectos deseados. Y aunque las decisiones de la Comisión Europea, el ejecutivo europeo, en un procedimiento de infracción que denuncie la quiebra de nuestro estado de derecho, valoren su ajuste o no a los principios democráticos de la UE; ello no obstante, enjuiciada dicha ley, habrán pasado los años, la amnistía estará aplicada, y la sentencia, en su caso, no tendrá efectos retroactivos contra su aplicación efectiva. La duración del gobierno dependerá de la aprobación o no de los presupuestos generales del estado; si son aprobados, pocos dudan de que la legislatura se alargará, al menos, otros tres años; en otro caso, la continuidad del gobierno sería muy complicada. Francisco Javier Sagüés Sala. Abogado

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"Es el escenario del inicio de un nuevo periodo político para España presumiblemente frágil y de incierta duración"

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