El Gobierno está dispuesto a todo. Lo hemos visto en lo estrictamente político. Sus acuerdos con los independentistas, comunistas y etarras han escandalizado por acabar con la igualdad entre españoles, la separación de poderes, el estado de derecho y, muy importante, la seguridad jurídica. Este último aspecto es fundamental en todo lo que tiene que ver con la economía y concretamente con las inversiones nacionales y extranjeras para crear riqueza y empleo. Y ya ha habido algunos anuncios de paralizaciones. En este afán de Pedro Sánchez de ser presidente a cualquier precio vamos a ver cosas que nos pasmarán. Sin ir más lejos, la posibilidad abierta de que se cambie la Ley de Estabilidad Presupuestaria para mermar los poderes del Senado, por ejemplo en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Esta Ley es una ley orgánica, por lo que para cambiarla se necesitaría una mayoría cualificada. Sólo recordar que el PP tiene mayoría absoluta en esta Cámara y que por tanto iba a ser utilizada para frenar algunas de las iniciativas que el Gobierno está dispuesto a hacer en esta nueva legislatura. Parece, por las primeras declaraciones y los acuerdos firmados, que a este Gobierno le importa bien poco que Bruselas, el FMI, la OCDE o el Banco de España estén alertando de la necesidad de empezar con los recortes dada la abultada deuda y déficit público que presentan las cuentas de España. El gasto va a ser monumental, la deuda seguirá subiendo y será mucho más caro financiar el agujero. Veremos hasta dónde están dispuesto a llegar aprovechando que en junio hay elecciones europeas y el Ejecutivo comunitario estará, de hecho está, en campaña para continuar en sus importantes y bien remunerados puestos. Parece que las cuentas estarán listas en el primer trimestre, según ha anunciado la ministra de Hacienda. Entonces comprobaremos los compromisos y el precio que pagaremos todos y no sólo los beneficiados.