Diario de Navarra

La Unión Europea lleva años impulsando una Política Agraria Común basada en “mochilas” (percibir ayudas en base a derechos históricos), compromisos de dejar tierras sin cultivar (barbechos obligatorios), reglamentos que imponen obligaciones burocráticas muchas veces absurdas y exigen realizar un máster para entender cada quinquenio las nuevas ocurrencias de tecnócratas que no han pisado un campo salvo para coger setas, con sus formularios del tipo rollo de papel de cocina para optar a unas ayudas que se han hecho imprescindibles para sobrevivir como agricultor profesional, y controles con satélites, drones y cámaras de infrarrojos para aplicar su rosario de sanciones al que incumple con las caprichosas combinaciones de rotaciones de cultivos y demás exigencias de sus normas. Muy pronto nos será familiar el recientemente aprobado reglamento de la Unión Europea sobre la restauración de la naturaleza, con nuevas limitaciones a la producción agropecuaria de efectos aún no suficientemente calibrados. El Parlamento de Navarra ha inaugurado su XI Legislatura con un debate cuando menos singular en lo que a desarrollo rural y medio ambiente se refiere. Es muy loable “procurar un amplio consenso para disponer de una estrategia que mantenga el mundo rural vivo” y “dar soluciones inmediatas a los desafíos, coyuntura crítica y amenazas que aquejan en estos momentos al sector agroganadero”. Pero para eso se necesitan algo más que mecanismos de gobernanza, estrategias de futuro, soluciones integrales, cuadernos digitales y un “despliegue normativo sin precedentes”. El campo necesita mucho más que leyes forales con limitaciones, fiscalidad medioambiental y decretos con infinitos capítulos de infracciones y sanciones. Y, sobre todo, necesita diálogo y concertación con las organizaciones representativas del sector. Es cierto que la agricultura actual es muy diferente a la de hace unos pocos años. Evidentemente ha mejorado infinitamente desde el punto de vista de productividad, mejora genética, calidad de los productos, mercados mucho más amplios (exportación), disponibilidad de tecnología y otros muchos aspectos. Pero tan vital como una adecuada formación técnica, para el empresario agrario ahora resulta imprescindible disponer de un doctorado en conocimiento de reglamentos, decretos, ecoesquemas, cuotas, derechos de producción, y contratar un gabinete de asesores y técnicos, a la vez que dedica horas y más horas a cumplimentar solicitudes, consultar páginas web con sus correspondientes claves y a responder a cartas certificadas, emails y whatsapp. Menos mal que la administración tiene el propósito en cada inicio de legislatura de crear la ventanilla única y simplificar los procedimientos, porque la realidad es que cada campaña todo es más y más complejo. Hay mucho trabajo por hacer, no hay duda. Pero lo primero es cambiar de mentalidad y tratar de hacer la vida más fácil a los ciudadanos que complicársela continuamente. Los profesionales del campo deben seguir cuidando el medio natural (como siempre lo han hecho, pero con más atención si cabe), y debemos ayudarles a que sigan produciendo alimentos, más que nunca, porque se necesitan. Y en este contexto, un ruego: Navarra adoptó hace tres años la decisión de acabar con el método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por similitud con el sistema fiscal de las diputaciones forales vascas y a diferencia del resto del Estado en donde se mantiene este sistema de módulos. No se cuestiona este cambio de rumbo, porque la estimación directa de rentas es el método más ecuánime, pero en este momento en el que ha presentado el proyecto de Medidas Tributarias para 2024 con efectos retroactivos para 2023, sería oportuno incluir y revisar algunas medidas que afectan al sector agropecuario: - Revisar la deducción que se aplica de forma específica a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. En un año como el actual en el que se mantienen los elevados costes de producción y la climatología tan adversa han salpicado tan severamente al sector, se debería incrementar la citada deducción, tal y como han aprobado hace meses las vecinas diputaciones forales. - Las ayudas de la política agraria común son compensación de ingresos, no de rentas, por lo que deberían considerarse como un ingreso más y no incorporarse directamente como rendimiento neto. - Las indemnizaciones del seguro agrario en años de catástrofe como éste se acumulan con los ingresos de la cosecha del año anterior. Por ello, se debería permitir optar por imputar dichas indemnizaciones recibidas al período impositivo en el que se perciben o en el inmediatamente posterior. - Los empresarios agrarios que residan en municipios catalogados en riesgo de despoblación deberían disponer de una deducción especial en la cuota de este impuesto, incrementada por cada hijo cuando éstos residan en el pueblo y asistan a la escuela en dicho municipio o en el asignado a tal efecto si no hay allí escuela disponible. Si se quieren establecer medidas efectivas para combatir la despoblación, hay que aplicar también medidas fiscales que reconozcan el esfuerzo de los padres para mantener la familia en el pueblo y compensen los gastos extraordinarios que esto les supone. Por algo se empieza. Desde la certeza y confianza de que todos quieren lo mejor para el sector agroganadero, incluir estas medidas dentro del citado proyecto de medidas tributarias sería de agradecer y un paso hacia adelante en el apoyo y reconocimiento a este sector. Sería la mejor muestra de que se apuesta por más soluciones y menos restricciones. Juan Sáez Ruiz. Ingeniero agrónomo

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"Medio rural: más soluciones y menos restricciones"

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