Pedro Sánchez ha puesto en práctica aquello de que la mejor defensa es un buen ataque, desde la tranquilidad de quien sabe que atesora los apoyos suficientes que permitirán su legítima reelección hoy como presidente. Así lo evidenció durante sus intervenciones en el debate de investidura, más allá de desgranar varias medidas económicas que pondrá en marcha el Ejecutivo, arremetiendo con dureza contra el Partido Popular, al que acusó de “bendecir” a la ultraderecha, hasta el punto de presentar al Gobierno que hoy será investido como un “muro” frente a la agenda reaccionaria que a su juicio representan las “derechas retrógradas” de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Núñez Feijóo acusó a Sánchez de “corrupción política”, de haber comprado los apoyos y de no tener límites y de buscar los apoyos de todos los partidos que cuestionan el sistema y no creen en la Constitución. Precisamente, con la amnistía y Cataluña en el debate, Pedro Sánchez no dudó en trasladar las críticas hacia el Partido Popular, acusando a los populares de hacer una política que “condujo al desastre”. Sánchez está empeñado en revertir el relato de lo sucedido en Cataluña y con el procés. Un relato que él mismo sostenía hasta el día después de las elecciones del 23-J, y que ahora trata de olvidar tras someterse al secesionismo para conseguir sus apoyos a cualquier precio. Pedro Sánchez aprovechó la tribuna del Congreso para volver a defender la amnistía a los encausados por el procés “en nombre de España y en nombre del interés de España” y de la concordia entre españoles. Un argumentario que en absoluto resulta creíble en boca de quien mantenía justamente la opinión contraria hasta descubrir que sin los votos y el apoyo de quienes se van a ver beneficiados por la amnistía no podría volver a ser presidente. Y que rebate la amplia contestación social a la medida vivida durante estos días en las calles de numerosos puntos del país. La pura conveniencia política por encima del supuesto bien común que ahora Sánchez trata de vender, tal como ayer le recordó el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, y que supone un duro golpe al Estado de Derecho.