Diario de Navarra

El acuerdo entre PSOE y Junts que conocimos el pasado jueves ha confirmado lo que muchos temíamos. Con la intervención de un verificador internacional, como si se tratara de acordar un armisticio o una descolonización, el PSOE se ha comprometido a negociar con Junts sobre algo tan manifiestamente inconstitucional como un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña y sobre la cesión a la Generalitat “del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña”, lo que va más allá de lo pactado, en el marco de la Constitución, en el Convenio de Navarra y en el Concierto del País Vasco, máxime cuando nada se dice en el acuerdo sobre la aportación económica que, como contraprestación a esa cesión, tendría que hacer Cataluña para contribuir a la financiación de las cargas generales del Estado. El PSOE se ha comprometido, además, no ya a negociar, sino a llevar a cabo dos actuaciones que, como mínimo, ponen en cuestión principios básicos de nuestro Estado de Derecho: amnistiar todos los delitos cometidos durante el proceso independentista y constituir en la próxima legislatura comisiones parlamentarias de investigación para revisar las resoluciones de los tribunales que impliquen una “judicialización de la política”. Y todo ello sin que Junts haya renunciado a la unilateralidad que ha venido defendiendo desde que comenzó el proceso independentista y sin que realice la más mínima crítica (que, en muchos casos, debería ser autocrítica) de los inconstitucionales, ilegales, antidemocráticos y, en ocasiones, violentos actos que jalonaron dicho proceso. Además, el relato con el que los firmantes han tratado de justificar el acuerdo es el que Junts ha venido repitiendo todos estos años y al que el PSOE siempre se había opuesto. En el apartado de antecedentes, se afirma que, desde los Decretos de Nueva Planta (es decir, desde 1714), una parte relevante de la sociedad catalana no se ha sentido identificada con el sistema político vigente en España, obviando así, por ejemplo, que la Constitución de 1978 fue refrendada en Cataluña por el 90,5% de los votantes (en el conjunto de España, por el 87,9%) con una participación del 67,9% (en el conjunto de España, del 67,1%). Y obviando también que las instituciones y los ciudadanos de Cataluña han apoyado muy mayoritariamente durante décadas el régimen autonómico derivado de esa Constitución. Y en otros apartados del acuerdo se identifica la voluntad de los independentistas con la voluntad de Cataluña; se consideran legítimos, como si se hubieran celebrado con todas las garantías, la consulta de 2014 y el referéndum de 2017; y se culpabiliza del “conflicto” al Tribunal Constitucional y a los tribunales ordinarios. Resulta, por ello, sorprendente que el mismo PSOE que en 2017 apoyó la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución por entender que sus instituciones de autogobierno habían incumplido sus obligaciones y habían atentado gravemente al interés general de España, acepte ahora un relato que legitima la actuación de aquellas. El precio que el PSOE va a cobrar por tan graves cesiones, que consideraba inaceptables antes de las últimas elecciones generales, es tan solo el voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez de los siete diputados de Junts. El apoyo de esos diputados a la posterior acción de su Gobierno se condiciona expresamente “a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones”. La estabilidad de la legislatura queda, por tanto, en manos de Junts. Así pues, para que Pedro Sánchez pueda ser investido Presidente, y solo para eso, el PSOE ha legitimado el proceso independentista, no solo en lo que concierne a lo que sucedió en el pasado, sino, lo que es peor, también en lo que se refiere a lo que pueda pasar en el futuro. Y ha deslegitimado, como un Estado represor, al Estado Social y Democrático de Derecho que consagra nuestra Constitución, que, paradójicamente, tuvo como uno de sus principales arquitectos al propio PSOE. Resulta, a ese respecto, sumamente significativo que la única mención de la Constitución que se hace en el acuerdo es a su artículo 92, en el que, en una interpretación jurídicamente insostenible, pretenden los firmantes amparar el citado referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña. Las consecuencias de este acuerdo son fácilmente previsibles: una vez conseguido, como era de esperar, el apoyo del PNV a la investidura de Pedro Sánchez, este será reelegido, pero su acción de gobierno estará sometida cada día a las exigencias, por no decir al chantaje, de Junts; y, ojalá me equivoque, la convivencia ciudadana se seguirá deteriorando y aumentará la preocupante radicalización que venimos padeciendo. Con este acuerdo, gana Pedro Sánchez, que será investido, y gana Junts, que, con tan solo un 11,16% de los votos emitidos en Cataluña en las últimas elecciones generales, ha conseguido imponer al PSOE su agenda y su relato. Y pierde esa inmensa mayoría de españoles, de la que forman parte muchos votantes del PSOE, que no comparte ni esa agenda, ni ese relato, y que, sin embargo, se va a ver inmersa contra su voluntad en una situación política muy poco halagüeña. José-Antonio Asiáin Ayala. Ex Vicepresidente del Gobierno de Navarra (1984/1991)

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"Junts ha impuesto su agenda y su relato"

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