El acuerdo alcanzado entre el PSOE y el prófugo de la justicia española Carles Puigdemont garantiza el apoyo de los siete diputados de Junts a la investidura de Pedro Sánchez. Tras varias semanas de cesiones continuas por parte de los representantes socialistas, el acuerdo incluye el compromiso de presentar en el Congreso una proposición de ley de amnistía cuyo primer beneficiado es el propio Puigdemont y que amparará a todos los implicados en la insurrección de 2017. Se acepta también negociar un sistema de financiación especial y un eventual referéndum de autodeterminación; y todo bajo la supervisión de un mediador internacional. De especial gravedad es la pretensión de atentar contra la independencia judicial con "comisiones parlamentarias de investigación" que determinarán si deben reclamarse "acciones de responsabilidad" por "lawfare o judicialización de la política".

Dejando a un lado su manifiesta inconstitucionalidad, la amnistía acordada supone la degradación de la noción de ley. Es una ley cuya finalidad consiste en hacer inmunes frente al Derecho a determinadas personas a cambio de que el partido de Puigdemont vote la investidura de Sánchez. Su finalidad y contenido la convierten en una ley arbitraria.

Por un lado, el contenido de la ley de impunidad lo han fijado los presuntos delincuentes prófugos de la justicia que se van a ver beneficiados por ella. Por otro, se presenta como un texto discutido (sin ninguna publicidad) hasta el más pequeño detalle y, como tal, cerrado, que los parlamentarios de la llamada "mayoría progresista" deberán respaldar incondicionalmente sin ningún tipo de deliberación y enmienda.

La pretensión de que las Cortes vayan a crear comisiones de investigación "cuyas conclusiones se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía" y que podrán dar lugar a "acciones de responsabilidad" es manifiestamente inconstitucional. En un Estado de derecho, el Parlamento no puede supervisar o controlar la acción del Poder Judicial ni condicionar la aplicación de las leyes. El Poder Judicial es independiente y libre para interpretar y aplicar las leyes en el marco de la Constitución y no rinde cuentas ante el Poder Legislativo. En definitiva, el acuerdo vulnera principios clave del Estado de derecho.