El pacto entre el PSOE de Pedro Sánchez y el Junts de Carles Puigdemont supone la claudicación de pleno de Sánchez ante el todavía prófugo catalán, que no podía ocultar su satisfacción pública sabedor de que ha conseguido que los socialistas asuman el relato falaz de los independentistas sobre el procés. El pacto entre socialistas y secesionistas allana el camino a la repetición de Sánchez como presidente, pero lejos de “la oportunidad histórica” de la que habla el PSOE, sienta un letal precedente legal, moral y ético. Sánchez consuma con el acuerdo para la ley de amnistía la infamia de desmantelar la actuación de todos los poderes del Estado que, en el ejercicio de su responsabilidad, trabajaron muy duro para evitar y posteriormente juzgar a los promotores de un referéndum ilegal que tenía como único objetivo desgarrar la unidad de España. Si grave es la medida, más lo es aún el motivo de pura conveniencia política que lleva a su consecución. El PSOE, y Pedro Sánchez en primera persona, negaban taxativamente y en repetidas ocasiones la posibilidad de tratar la amnistía. Una postura que se truncó para sus intereses la misma noche del 23 de julio, cuando en Ferraz entendieron que los votos de los secesionistas de Puigdemont eran necesarios para seguir en la Moncloa. Sánchez ha demostrado una vez más que está dispuesto a traspasar todas las líneas rojas para mantenerse en el poder. Aunque suponga pactar precisamente con los que se van a ver beneficiados por la amnistía. Un puro mercadeo de votos por favores (en este caso, la purga de responsabilidades penales), lo que supone retorcer el interés general y el bien común con un objetivo meramente personal. La realidad es que este acuerdo impúdico abre un gran boquete en el Estado de Derecho. Así de claro. Un camino altamente peligroso, teniendo en cuenta que sus socios independentistas y secesionistas se muestran insaciables en sus reivindicaciones. Porque la amnistía no es el punto y final, sino todo lo contrario. Es el punto de partida para avanzar en nuevas reivindicaciones secesionistas, y ahí está un futuro referéndum. O la peligrosa estrategia de deslegitimar al poder judicial con la cita al “lawfare” como amenaza que todas las asociaciones de jueces españolas han rechazado de forma unánime, lo que habla de la repulsa general que suscita en la magistratura. La gravedad de lo que pretenden PSOE y Junts merece una rotunda respuesta política, jurídica y también ciudadana. Sin abandonar un ápice la senda de la democracia constitucional, pero usando todos los resortes que contempla. Desde la respuesta social en la calle, que jamás debe tolerar la violencia y la intimidación al adversario, al debate político que queda pendiente en las Cortes, pasando por la confianza en el poder judicial, que es el que puede modular o invalidar la ley de amnistía en el futuro. Sin olvidar el paraguas último de la Unión Europea como garante del buen desempeño democrático de un Gobierno. Sánchez y Puigdemont han mostrado sus cartas y saben que han dado un paso sin retorno. Pero deben ser conscientes de que sus objetivos están lejos de ser una realidad.