Huelga recordar los innumerables y escandalosos casos de corrupción que atesora el PSOE en toda su trayectoria. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con la promesa de que la corrupción en la vida pública pasaría a formar parte del pasado. Una mentira más. Sigue el reguero de tramas corruptas, algunas probadas, otras en trámite de investigación, que afectan a todos los niveles de la Administración de Estado, y en algunos de los casos investigados por la Fiscalía Anticorrupción, con tres ministros de Pedro Sánchez salpicados. La mayor contribución de Pedro Sánchez para erradicar la corrupción ha sido la reforma del delito de malversación de caudales públicos para favorecer a chorizos futuros.

En Navarra, con un pasado de corrupción socialista, tenemos a los mecenas de Bildu justificando todos los desmanes cometidos por el gobierno socialista de Chivite con la complicidad de Geroa Bai, Podemos, IU y Bildu. Sin ningún rubor han seguido aumentando una estructura de gobierno sin otra justificación que la de otorgar una cuota de participación en el organigrama a cada uno de los socios, hecho que nos supuso a los navarros un sobrecoste de 25 millones de euros en la legislatura anterior. Y subiendo.

Hace casi un año supimos que los juzgados de lo Social de Pamplona y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictaban varias sentencias contra el Gobierno de Navarra por realizar contratos en fraude de ley. La Justicia condenaba al Gobierno de Navarra a pagar las sentencias condenatorias. Nadie ha asumido responsabilidades. El contribuyente paga.

La Cámara de Comptos presentó hace unos días un esclarecedor informe en el que constataba que los partidos que sustentan al Gobierno de Navarra, Bildu incluido, han abusado entre 2019 y 2022, por un importe total de 137 millones de euros, de la concesión de subvenciones nominativas a entidades locales y organizaciones sin ánimo de lucro. Comptos también emitía un informe sobre las listas de espera en Salud. Comptos señalaba “incumplimientos” de la ley sobre los tiempos de atención. La anterior consejera de Salud, Santos Induráin, en la toma de posesión de su sustituto, declaraba que se marchaba “satisfecha y orgullosa”. Pues vale. Y en el último informe que hemos conocido, la Cámara de Comptos echaba en falta que el Gobierno de Navarra “realice una planificación estratégica global de las inversiones de los fondos europeos que recoja los objetivos que se pretenden” y, además, el informe “ve insuficientes las medidas de transparencia que aplica el Ejecutivo en la gestión de este dinero”. Consejo de Transparencia: ¿hay alguien ahí?

Más. El 17 de agosto de 2023, la presidenta Chivite nombraba a su tío, Óscar Chivite, consejero del Departamento de Cohesión Territorial obviando la Ley Foral 6/2018, de 17 de mayo, título V “De la ética y la transparencia”. El consejero Óscar Chivite, nombrado siendo Administrador Único de una empresa, ha permanecido durante un mes en el cargo incumpliendo la Ley foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de Navarra.

Hace ya siete años, a propuesta de Bildu con el objetivo de “mirar en los cajones de lo que quede del Gobierno” de Barcina y “sacudir las alfombras para que la sociedad conozca todo lo que ha pasado a lo largo de estos años” (sic) con UPN, se anunció la creación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. La entonces consejera de Presidencia del gobierno de Barkos, Beaumont, que fue propuesta por Bildu, anunció que iba a designar a una persona que trabajaría “en un despacho y a puerta cerrada” en esa revisión (gestión de UPN) y en poner en marcha la entidad anticorrupción. Y así lo hizo. Ante la falta de noticias de esa revisión, en junio de 2018 este periódico pidió a Beaumont que realizara un balance de esa tarea de revisión de la gestión pasada de UPN. La consejera reconoció que no habían encontrado irregularidad o ilegalidad alguna. Y esa es la única actividad que hemos conocido relacionada con la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, creada mediante la Ley Foral 7/2018 de 17 de mayo; que se puso ¿en funcionamiento? en mayo de 2022; que la persona que está al frente de esa Oficina, Edurne Eginoa Antxo, tiene el mismo sueldo que un director general, sueldo que empezó a cobrar en el segundo semestre de 2022 a pesar de que, hasta marzo de 2023, esa Oficina no contaba con un Reglamento de funcionamiento. Según el Decreto Foral 14/2023 de 1 de marzo, la Oficina tiene una estructura cargada de Servicios (Prevención, Investigación, Asesoría Jurídica, Administración, Comunicación…) con sus correspondientes directores/as de servicio; Servicios que podrán estructurarse en secciones y negociados; y al frente de cada sección y negociado, habrá una persona que ejercerá la jefatura. Yo diría que les falta un conserje por cada Servicio. Por su web sabemos que los fines de esa Oficina son los de “detectar, prevenir, investigar y erradicar la corrupción y el fraude en las administraciones y entidades públicas e impulsar una cultura de buenas prácticas”; y por una información publicada por este periódico sabemos que el presupuesto de esta Oficina para 2023 es de 644.000 euros.

Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción: ¿hay alguien ahí mirando en los cajones y sacudiendo alfombras?

Chon Latienda Urroz. Comentarista política