Diario de Navarra

Hace unos días se conocía que Audenasa, empresa concesionaria de la Autopista AP-15 (participada al 50% por el Gobierno de Navarra y el otro 50% por el Grupo Itínere), va a llevar a los tribunales al propio Gobierno de Navarra. La razón es la eliminación por parte del Parlamento de Navarra de la exención fiscal otorgada en 1972 según la cual la concesionaria gozaría de una exención del Impuesto de Sociedades por los primeros beneficios equivalentes al 10% de su capital. Este acuerdo se mantuvo en 2014, fecha en la que la concesión se amplió hasta 2029. Pues bien, la exención se eliminó conforme a la Ley Foral 19/2021, de 29 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, por petición vía enmienda del grupo parlamentario Bildu. En concreto, la citada ley indicaba que “los beneficios fiscales establecidos en el Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra, de 1 de septiembre de 1972, por el que se aprobaron los pliegos de bases para la construcción, conservación y explotación de la autopista de Navarra, no se aplicarán en los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022”. Todas las Leyes se suelen iniciar con una exposición de motivos que intentan explicar las razones por las que se justifican dichas modificaciones. En este caso no existe dicha aclaración. Seguro que hay quienes están de acuerdo con esta medida. El propio portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha declarado que Audenasa debe tributar por el conjunto de los beneficios que tenga. Parece que lo de no cumplir los compromisos adquiridos no les preocupa. También tendríamos que recordar que este tipo de medidas que condicionan gastos fiscales para la Administración se hacen necesarias para que la iniciativa privada consiga una rentabilidad mínima, exigida por el inversor, para el periodo total del proyecto. Debo de ser de los pocos que considera que esta medida resulta totalmente populista y perjudicial para nuestra tierra. Les explicaré por qué. El Gobierno de Navarra vuelve a cambiar las reglas de juego a mitad de partido. Ahora lo hace con una compañía que, como es lógico, ha presentado un recurso judicial tras intentar de manera infructuosa pactar otras fórmulas. Audenasa tiene casi todas las probabilidades de ganar esta demanda, y quienes pagaremos la factura por el perjuicio, los intereses, las costas… seremos todos los contribuyentes, no el partido que presentó la enmienda en 2021 (Bildu) ni los grupos parlamentarios que la apoyaron. Este tipo de comportamientos por parte de las Administraciones no pasa desapercibido, menos aún para aquellas empresas que tienen que decidir dónde van a invertir. El actual Gobierno Foral ha dejado claro que no va a favorecer que la competitividad de sus empresas se base en una fiscalidad atractiva, aun pudiendo hacerlo. Asumiendo esta máxima tan desalentadora para el desarrollo (sobre todo porque no por subir más los impuestos se logra recaudar más), el hecho de que la seguridad jurídica se vea en entredicho no hace sino poner palos en las ruedas de la economía navarra. No les quepa ninguna duda de que las empresas buscan maximizar el beneficio global, y a la hora de instalarse o realizar inversiones la decisión la tomarán teniendo en cuenta varios factores, como la ubicación, las comunicaciones, la preparación de los trabajadores… Y otros dos que, como decía, penalizan y mucho en Navarra: la fiscalidad, poco atractiva, y la seguridad jurídica, que como se demuestra con el caso que nos ocupa se ha hecho añicos. Tampoco las comunicaciones es el fuerte de nuestra comunidad. ¿Qué nos queda para ofrecer? Lo que me queda claro es que una región que no tiene seguridad jurídica no tiene nada que vender. Le será totalmente imposible atraer inversión alguna. Nadie la va a tener en cuenta aunque el resto de variables le sean muy favorables. Ya explicaba en otro artículo publicado hace unos meses en estas mismas páginas que las inversiones extranjeras y las empresas que buscan lugares para establecerse huyen del alboroto y el desorden. Si no hay garantías de que los derechos serán respetados, ¿cómo podemos esperar que las empresas se planteen invertir y crear empleo? La salida de la constructora Ferrovial de nuestro país, argumentada por la mayor estabilidad del nuevo país de destino, Países Bajos, y por unos menores costes de financiación, ha sido en España la punta de lanza. En el proceso, la imagen que se ha proyectado de nuestro país en el exterior ha sido lamentable, pero achacable sobre todo a la reacción del Gobierno central a la salida de la citada compañía. Ojo con repetir ese mismo error en nuestra tierra. La economía foral sufre un claro y preocupante estancamiento en lo que a competitividad se refiere. En el ranking nacional mantiene el tipo, con Madrid, País Vasco y Cataluña por delante, pero cuando nos comparamos con las regiones europeas salimos mal en la foto. La Comisión Europea define competitividad como la habilidad de ofrecer un entorno atractivo y sostenible en el tiempo para que empresas y personas vivan y trabajen. Es decir, lograr que seamos atractivos. Mucho me temo que con medidas como la expuesta vamos en la dirección opuesta. José María Aracama Yoldi. Presidente del think tank Institución Futuro.

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"Cambio de reglas"

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