El acto de apertura del nuevo Año Judicial vino a recordar más que nunca la situación de precariedad institucional en que se encuentra el tercer poder del Estado, cuando quien intervino, el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, se encuentra en funciones; se encuentra en funciones el presidente del CGPJ, y el fiscal general. Ello junto a numerosas vacantes en instancias jurisdiccionales, porque a la resistencia del PP para la renovación de su órgano de gobierno le siguió la reforma legal impulsada por el PSOE para impedir que el Consejo General pudiera ejercer todas sus atribuciones estando en funciones. Marín se dirigió ayer a los presentes con palabras de total inquietud, al recordar que hoy las democracias también mueren por “el debilitamiento de las instituciones esenciales”. Advirtiendo de que “en un contexto fuertemente polarizado decae la visión de Estado y se impone la radicalidad de partido”. A un mes de cumplirse el año de la dimisión de Lesmes, a la que éste recurrió tratando de instar a los dos grandes partidos de las Cortes, el popular y el socialista, para que desbloquearan la situación del CGPJ, el presidente accidental del Supremo insistió ayer en que es inexcusable proceder a la renovación del Consejo. Más cuando el desdén con el que la confrontación partidaria está contemplando la suerte que corre la Justicia ha llevado a las instituciones de la UE a exigirla. Mientras se presume que el desbloqueo se producirá con los nombramientos requeridos para devolver el gobierno de la administración de Justicia a la normalidad, y luego cambiar su Ley orgánica “con arreglo a lo previsto en la Constitución, y atendiendo a los estándares marcados por Europa”, como ayer reclamó Marín Castán. Después de casi cinco años de un impasse injustificable, el actual panorama político no permite pensar en una solución inmediata, sino todo lo contrario. Lo más probable es que el Poder Judicial continúe siendo rehén de una polarización que amenaza con ir a más. Ello entre anuncios legislativos que ponen en cuestión la actuación de los tribunales.