Diario de Navarra

El concepto del Estado de derecho suele definirse como aquel en el que todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al ordenamiento jurídico, en definitiva al imperio de la ley, lo que conlleva el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas. España, país avanzado y moderno, posee una normativa que garantiza el Estado de derecho. Nuestra Carta Magna consagra el Estado de derecho, al proclamar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, donde la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. La noción de Estado de derecho está implícita en la Carta de las Naciones Unidas, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los cuatro principios básicos del Estado de derecho son: el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto de derechos y libertades fundamentales, y la legalidad de la administración, que se ven reflejados en la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, la no arbitrariedad, la independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la participación de la sociedad en la toma de decisiones, la libertad de asociación y expresión o la transparencia procesal y legal. En nuestro país, el Estado de derecho atraviesa hoy una situación delicada de quiebra, sin cauce legal. Tenemos diversos ejemplos de ello. Así, en algunas condenas del caso Gürtel se ha probado que el PP se financió ilegalmente, ya que con el dinero obtenido ilegalmente, organizó actos electorales con la presencia de su líder, quien debería tener una responsabilidad “in vigilando” de lo acontecido en las cuentas de su partido y, por tanto, por ética y decencia debería haber dimitido. A muchos ciudadanos de países europeos les parece sorprendente que en España los políticos no dejen el cargo por este tipo de corruptelas. También, tras décadas de manifiesto progreso económico, con la llegada del socialismo al poder en el siglo XXI, España ha emprendido una cuesta abajo sin precedentes históricos: decrecimiento de la renta per cápita y divergencia con la UE, líder en desempleo entre las grandes economías del mundo y crecimiento de la deuda pública doble que los países de la UE. Y en el ámbito institucional, el alejamiento del Estado de derecho en nuestro país es cada vez más alarmante. Así, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales y nulos varios artículos del R.D. del Gobierno que declaró el primer estado de alarma, vigente desde 1-3-20 a 30-6-20, para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, pues sólo podía ampararse en el estado de excepción. Y el propio TC anuló las medidas del segundo estado de alarma, vigente del 9-11-20 al 9-5-21, estableciendo que el control del Gobierno no debía detenerse durante un estado de alarma excepcional. Por otro lado, el Tribunal Supremo advirtió que indultar a los presos del 1-O, sería una solución inaceptable, a los doce condenados por sedición, malversación y desobediencia en el juicio del procés catalán, emitiendo informe, no vinculante para el Ejecutivo, en el que rechaza conceder tal medida de gracia. El alcalde de Madrid, José Luis Almeida, manifestó que si el presidente del Gobierno continuase adelante en su pretensión de indulto, cometería un grave quebranto de la legalidad, como el TS dejó clarísimo en su informe. Como es sabido, el Gobierno concedió indulto por razones de utilidad pública a los nueve líderes catalanes, que en 2017 declararon unilateralmente la independencia de Cataluña. En esta tesitura política de nuestro país, tras las elecciones generales del 23-J, tanto Alberto Núñez Feijóo (PP) como Pedro Sánchez (PSOE) aspiran a la presidencia del Gobierno, contando ambos con 171 votos, pero el partido de Puigdemont (Junts), con siete escaños, exige para investir a Sánchez la amnistía y la autodeterminación de Cataluña, que implican la quiebra del Estado de derecho, por ser inconstitucionales. En cualquier caso, hoy es completamente incierto el resultado de la votación en dicha investidura, y la duración del futuro gobierno. Actualmente, en la mayor parte de los países europeos sería inconcebible que pudieran gobernar los perdedores de unas elecciones, o tener representación parlamentaria partidos separatistas enemigos de la Constitución. Por tal motivo, no es de extrañar que la sociedad española contemple cada vez con más desmoralización el deterioro de nuestra vida pública, que es a la vez el de nuestra democracia, donde los perdedores de las elecciones formen gobierno y su precio no sea otro que la decadencia económica y el desmontaje del Estado de derecho. Francisco Javier Sagüés Sala. Abogado

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La quiebra del Estado de derecho

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