Diario de Navarra

La remodelación del gobierno de Macron se ha producido catorce meses después de las huelgas que irrumpieron por las reformas de las pensiones. Ha tenido lugar tras los disturbios en las calles por la muerte del joven Nahel, a manos de un policía, en Nanterre. Habitualmente, las celebraciones del 14 de julio en Francia son una ocasión propicia para la exhibición y las muestras de grandeur del país galo ante el resto del mundo, pero esta vez, debido al riesgo de que se produjeran incidentes, la jornada conmemorativa se ha visto presidida por la cautela. En la agenda política del próximo año aparecen las elecciones al Parlamento Europeo y los Juegos Olímpicos que se celebrarán en París. Por tanto, es mucho lo que hay en juego. No cabe duda de que esos Juegos Olímpicos constituyen para el Gobierno francés una oportunidad de mostrarse como una gran nación, para proyectar una imagen de progreso económico y desarrollo tecnológico, pero ese escaparate internacional corre el riesgo de verse empañado por la irrupción de fracturas sociales que pudieran enturbiar la convivencia. Entre tanto, algunos políticos y especialistas llevan años advirtiendo que las revueltas en los barrios pueden volver a estallar. De una u otra forma, los disturbios desencadenados por la muerte del joven magrebí Nahel a manos de un policía revelan un problema de unidad y cohesión social que sigue sin resolverse desde hace décadas. Se trata de una crisis latente que resurge periódicamente desde hace años. De hecho, las primeras manifestaciones de violencia brotaron en los 80 por la desindustrialización que tuvo lugar en los barrios periféricos y el paro juvenil masivo. Después, a consecuencia de una persecución policial, se produjo una gran revuelta en 1981. En aquel momento estalló una violencia juvenil en las calles, espontánea, desorganizada, que hacía frente a las instituciones, y se oponía tanto a la autoridad como a los símbolos del poder del Estado francés. En la década siguiente, la violencia irrumpió de nuevo en 1990 por medio de bandas que asaltaban comercios y arremetían contra comisarías e incluso escuelas. Posteriormente, la agresividad se tornó más violenta durante tres semanas en 2005, siendo Sarkozy ministro de interior, cuando fueron quemados 28.000 coches, hubo más de cuatro mil detenciones y 400 personas fueron condenadas a prisión. De ahí que la explosión de ira del pasado mes de junio en Nanterre ha colocado a los franceses ante un espejo incómodo. Les ha hecho verter la mirada hacia unos hechos que, cíclicamente, se ven forzados a recordar. A lo cual poco ayuda la actitud del líder político de izquierda, Jean Luc Melenchón, negándose a llamar a la calma. Mientras tanto, quien ha capitalizado los disturbios ha sido el partido de extrema derecha de Marine le Pen, que aspira, de momento, a ganar las próximas elecciones europeas. El último estallido que tuvo lugar en las calles Nanterre revela una realidad profunda, de calado. Y la historia puede volver a repetirse. Guarda estrecha relación con los problemas de integración y convivencia de una parte importante de los inmigrantes procedentes del Magreb y el África subsahariana, así como de sus descendientes. Es fácil constatar cómo la participación cívica en los banlieus se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, hasta el punto de que muchos jóvenes se ven alejados y desconectados de los valores que representa la República. A lo cual se añade la ruptura del vínculo de confianza entre la población y las fuerzas de orden público, que deviene fundamental en toda democracia. Ante lo cual algunos expertos se preguntan sin ambages ¿por qué hay franceses que se sienten menos franceses que otros? La crisis de los banlieus no deja de ser “un síntoma avanzado de la crisis francesa”, afirmaba recientemente un antiguo ministro con amplia experiencia en la gestión de barrios en dificultades. Es evidente que el problema de la integración social está cada vez más enquistado, aunque no solo afecta al territorio francés. Es un fenómeno complejo y no es fácil encontrar una solución razonable, consensuada, que sea viable a medio y largo plazo. A pesar de lo cual, el gobierno de Macron no puede dejar pasar, actualmente, la oportunidad de intervenir. Debería implicarse consultando a expertos en inmigración y gestión política de crisis sociales, así como apoyarse en educadores y trabajadores sociales de banlieus, sociólogos o politólogos, analizando propuestas y tomando iniciativas proactivas. Arriesgando si es preciso. Sin dilación. La disciplina y el orden, así como la seguridad ciudadana que el presidente francés invocaba en sus últimas declaraciones desde el Pacífico, son necesarios en toda sociedad. Inexcusables, conviene insistir para evitar la irrupción de actitudes violentas, pero no son suficientes. Las diferencias no pueden obviarse. Deben tratar de integrarse. Ese es uno de los retos ineludibles de los gobernantes. Por responsabilidad. Solo así es posible evitar que los conflictos se cronifiquen. Entre otras cosas, porque lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. Y esa distinción no es baladí. Resulta clave, y por tanto no puede obviarse. F. Javier Blázquez Ruiz. Catedrático de Filosofía del derecho. UPNA.

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"Francia: disturbios y seguridad ciudadana"

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