Tras la constitución de los ayuntamientos que ha visualizado el varapalo al Partido Socialista de Pedro Sánchez y el giro a la derecha en las elecciones del 28 de mayo, toca el turno a los parlamentos renovados ese día, que han de investir a los respectivos presidentes autonómicos. El meteórico y controvertido acuerdo en la Comunidad Valenciana hizo presagiar que el Partido Popular podría repetir la experiencia en aquellas regiones en las que necesita a Vox para formar Gobierno. Sin embargo, la dispar relación de fuerzas en ellas y las distintas estrategias de sus barones apuntan a la búsqueda de soluciones a la carta en cada territorio. Una alternativa que ha chocado con una extrema derecha envalentonada con ese pacto y con la imposición parcial de su discurso sobre la violencia de género, y que aspira a entrar en todos los ejecutivos que no podrán configurarse sin su beneplácito, lo que mantiene bloqueadas varias negociaciones. No es de extrañar que en el partido de Alberto Núñez Feijóo se haya extendido la sensación de que las prisas por amarrar la Generalitat valenciana han podido constituir un elevado riesgo por el que ahora puede pagar las consecuencias. A diferencia de Baleares, donde un Partido Popular con más escaños que toda la izquierda tiene encarrilado un Consell monocolor tras ceder a Vox la presidencia del Parlamento para que se abstenga, en Extremadura precisa su apoyo para controlar la Junta. Su negativa a compartir poder con Vox ha generado una fractura entre ambos grupos y puesto el liderazgo de la Cámara en manos socialistas, y hacen planear el fantasma de un adelanto electoral que podría acarrear unas imprevisibles consecuencias. El Partido Popular haría bien en aclarar su relación con Vox, especialmente con vistas al conjunto de los ciudadanos, tras normalizar y descartar en unos pocos días con argumentos contradictorios eventuales coaliciones con esas siglas.