Pactar con Bildu es normalizar los logros de la violencia de ETA. Porque la organización terrorista no consiguió alcanzar su objetivo máximo: la independencia, pero su imperio del terror produjo importantes cambios políticos y sociales en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra. Las cerca de mil muertes, el silencio impuesto a la sociedad constitucionalista, la expulsión de miles de personas del País Vasco y de Navarra (entre 60.000 y 200.000 según el Instituto Vasco de Criminología), transformaron el mapa político y social en favor del nacionalismo y dejaron en minoría al constitucionalismo.

Hoy Navarra y el País Vasco no serían lo mismo si tuviéramos con nosotros a Gregorio Ordóñez, Enrique Casas, Tomás Caballero, Fernando Múgica y a tantos otros que fueron escogidos por ser líderes de opinión o referentes sociales contra ETA. Como dice Mikel Arteta: “Jamás podría hacerse realidad el pueblo homogéneo del imaginario abertzale sin la limpieza étnica y el terror suficientes para eliminar o ahuyentar a quienes caracterizan como “el otro”, fuera de los confines de su Comunidad”.

En 1994 Herri Batasuna aprobó la ponencia Oldartzen con el objetivo de “socializar el sufrimiento”. Fue la inspiración de su brazo armado que puso en la diana a políticos, periodistas y jueces, que se sumaron a la nómina de policías, guardias civiles y ciudadanos en la agenda criminal del terrorismo. A partir de su aprobación se producen los asesinatos de Gregorio Ordóñez (1995), Fernando Múgica (1996), Francisco Tomás y Valiente (1996), Miguel Ángel Blanco (1997), Tomás Caballero (1998), Juan Mª Jauregui (2000), Fernando Buesa (2000), Ernest Lluch (2000), López de Lacalle (2000), José Javier Mujica (2001), entre otros. Como dice Florencio Domínguez: “Se silenció a los líderes de opinión que vertebraban ideológicamente el constitucionalismo en el País Vasco y Navarra”.

Hoy, quienes dieron cobertura ideológica, política y estratégica a esta barbarie se disponen a condicionar para sus intereses la política navarra haciendo presidenta a la socialista María Chivite. El PSN necesita sí o sí un acuerdo con Bildu para gobernar; sea de puestos o de programa; sobre o bajo la mesa, siempre después de las elecciones generales para no estorbar la estrategia de Sánchez. Si esto es grave, no lo es menos que los socialistas, por mor a estos pactos, hayan renunciado a dar la batalla del relato. Hace tiempo que se olvidaron de confrontar ideológicamente al denominado nacionalismo moderado que vieron como un dique de contención del más radical y del que se sirvieron para reforzar los gobiernos en minoría. Ello sumió al constitucionalismo en la insignificancia política en la Comunidad Autónoma Vasca.

Esta dejación de responsabilidad política ha convertido el relato nacionalista en hegemónico; es la que hoy ha propiciado el ascenso de Bildu. Esta pujanza hunde sus raíces en la coacción ejercida por ETA, en el terrorismo de inspiración nacionalista. Porque separar el terror de su ideología nacionalista, excluyente y totalitaria es un error. No se trata de criminalizar todo nacionalismo, pero sí de dar la batalla ideológica contra el mismo.

Pero ETA no sólo determinó el mapa político mientras ejerció su acción terrorista, también consiguió réditos en la negociación con el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Tal como ha declarado el expresidente: “Les prometimos que si dejaban el terror tendrían juego en las instituciones”. Una afirmación abierta y ambigua que no especifica qué clase de juego. ¿Únicamente el que permite su legalización o, también, el que se manifiesta ahora siendo parte decisiva en la formación del Gobierno y en la redacción de su programa? Estas afirmaciones demuestran, en contra de lo manifestado entonces, que sí hubo un precio político en la negociación para el cese del terror.

No se entendería esta situación sin atender al diseño de la política frentista y polarizadora que hizo Rodríguez Zapatero con la firma de los Acuerdos del Tinell (2003). Esos pactos, contemplan una cláusula que excluía la posibilidad de “cualquier pacto de Gobierno o establecer acuerdos de legislatura con el Partido Popular, tanto en la Generalitat como en las instituciones de ámbito estatal”. Tras mantener conversaciones con ERC, ETA declaraba una tregua en 2004. Rodríguez Zapatero coloca a los independentistas como socios necesarios para alcanzar el poder que consigue ese mismo año y promete una porción del pastel a HB si ETA dejaba de matar.

Por eso el primer ejercicio que tiene que hacer hoy el PSOE, si quiere regenerarse, es renunciar a esos pactos. No parece que Pedro Sánchez vaya a ir por ese camino. Por supuesto, no lo hará antes de las elecciones generales. Después, dependerá del resultado que obtenga el PSOE en las mismas, de si sus votantes refrendan, o no, sus acuerdos con Bildu. Porque, como dijo Jon Juaristi: “Que impongan o no su relato es cuestión de pura relación de fuerzas entre nacionalistas y antinacionalistas, o entre totalitarios y demócratas.”

José Ramón Ganuza Periodista