Las elecciones del 28 de mayo dibujaron un nuevo mapa político que empezará a plasmarse el sábado en la constitución de los ayuntamientos y la proclamación de alcaldes. El reparto del poder se ajustará ese día, con escasas excepciones, a las alianzas dentro de los bloques de la derecha -mayoritaria en las urnas- y la izquierda que permita el escrutinio en un país sometido a una intensa polarización. El PP había decidido limitar al ámbito municipal las negociaciones con Vox allá donde fueran imprescindibles y enfriar las relativas a las comunidades hasta después de las generales para marcar distancias con ese partido y no regalar una baza dialéctica a Pedro Sánchez. El acuerdo por sorpresa anunciado ayer para controlar en coalición la Generalitat valenciana contradice esa estrategia y pone la complicidad entre los populares y la derecha radical en el foco del 23-J, lo que movilizará o no al PSOE y sus socios, y es dudoso que vaya a beneficiar a Alberto Núñez Feijóo. Su aspiración de gobernar en solitario pasa por captar un amplio apoyo de sectores moderados y por atraer voto útil procedente de Vox. Ese pacto 40 días antes de las elecciones parece responder más a las prisas por amarrar poder territorial que a la línea marcada hasta ahora por Génova. La Comunidad Valenciana es uno de los grandes estandartes del cambio político que supuso el 28-M. Se entiende el interés de los populares en asegurarse su Ejecutivo, lo que les obligaba a algún tipo de pacto con la formación de Santiago Abascal pero no les exime de medir con inteligencia su grado de relación con ella y las responsabilidades institucionales que están dispuestos a compartir. La experiencia en Castilla y León ha de servir de alerta al PP. Pero el PSOE no es precisamente el más adecuado para utilizar este tipo de pactos a su favor, después de formalizar un gobierno frankenstein y depender para la gobernabilidad de partidos independentistas, entre los que se encuentra EH Bildu.