Diario de Navarra

No morir en el trabajo es un derecho fundamental al que debemos prestar más atención. Navarra sigue siendo una de las comunidades con el índice de incidencia más alto en siniestralidad laboral. Es, además, una tendencia que se viene repitiendo desde hace ya varios años. No podemos permitir que ocurran más accidentes por falta de medidas de seguridad. En este momento en el que la actividad vuelve a relanzarse gracias, en parte, a la puesta en marcha de los proyectos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, muchos de ellos destinados a sectores con alta siniestralidad, es esencial que el proceso venga acompañado de un impulso decidido a las políticas públicas activas en materia de prevención de riesgos laborales, así como de un aumento significativo de la actividad inspectora. Tras la eclosión de la pandemia por el Covid, se puso de manifiesto que la salud pública y la salud laboral deben de ir de la mano. Ha quedado patente que garantizar las condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo fue una de las claves para contener y controlar la transmisión del virus en el conjunto de la sociedad. Los datos negativos que tiene Navarra en siniestralidad laboral es un continuo desde hace ya muchos años. No es una anécdota, es una tendencia. Ello requiere de una reflexión profunda por parte de empresas e instituciones. Porque detrás de esos malos resultados están los trabajadores y trabajadoras que sufren esos accidentes. El desarrollo económico, la consolidación de los sectores que dan empleo en Navarra o la extensión de nuevos nichos económicos es un proceso que no puede obviar que la saludad laboral es una parte sustancial de su desarrollo. Una parte sin la otra no generará una economía saludable, al contrario. La siniestralidad laboral se ha convertido en nuestro peor indicador socioeconómico. Esa es, entre otras, la paradoja navarra. Somos una comunidad con altos niveles de empleo y cierto vigor empresarial en comparación con el resto de España, y a la vez sufrimos un porcentaje de siniestralidad laboral muy por encima de la media española. Navarra se comporta peor que otras comunidades autónomas en este aspecto. Y por eso hay que buscar causas locales a esta tendencia. Otras comunidades, con una estructura económica parecida, tienen índices de accidentes de trabajo menores. El año pasado hubo 12.026 accidentes de trabajo en Navarra, de ellos 14 fueron mortales. El índice de incidencia, que mide los accidentes de trabajo por cada 100.000 trabajadores fue en Navarra de 3.717 mientras que la media estatal fue de 2.852 accidentes. Urge que los gobiernos promuevan cambios de raíz en la cultura empresarial y, tras el impacto positivo que ha tenido la aprobación de la reforma laboral, refuercen las políticas que favorezcan la calidad del empleo y la apuesta por un trabajo seguro y saludable. En este sentido, desde hace unos años, prestamos mayor atención en el trabajo a la salud mental. Las enfermedades mentales y los trastornos psicológicos asociados al trabajo se han introducido de lleno en la agenda política. Porque hay determinadas condiciones laborales y medidas relacionadas con la organización del trabajo que pueden impactar negativamente en la salud física, psíquica o social de las trabajadoras y trabajadores. Son los llamados de riesgo psicosociales. Desgraciadamente las patologías derivadas de la exposición a los riesgos psicosociales no se consideran como enfermedad profesional y los trastornos mentales apenas se notifican como accidente de trabajo. Es imprescindible y urgente desarrollar una legislación específica e impulsar políticas públicas para afrontar este problema de primer orden, donde los servicios públicos de salud pueden impulsar diagnósticos de sospecha cuando llegan a sus consultas patologías susceptibles de ser de origen profesional. Por eso CCOO propone incorporar la historia laboral como parte esencial de la historia clínica para, de este modo, posibilitar que el diagnóstico incluya la posible relación causal con la exposición laboral previa a factores de riesgo en los puestos de trabajo. Añadido a ello, el sindicato también ha propuesto que se ponga en marcha un centro ergonómico y psicosocial que podría ayudarnos a mejorar en ese campo. Por otro lado el amianto, y el daño que ha provocado en miles de personas, sigue siendo una de las grandes preocupaciones. La aprobación del texto de la Ley de fondo del amianto en el Congreso fue un paso importante para colmar el vacío de justicia que las víctimas del amianto han sufrido durante años. En todo caso aún quedan cuestiones relevantes por dirimir. De hecho, en la última comisión permanente del Diálogo Social en Navarra, CCOO propuso junto con UGT el establecimiento de una exención fiscal para estas indemnizaciones. Nuestra reclamación se basa en precedentes ya existentes, como sucede con las ayudas a las personas afectadas por VIH. En definitiva, necesitamos situar la prevención de riesgos laborales en el vértice de la recuperación y a las personas en el centro de todas las políticas. Porque la salud es un derecho fundamental también en el trabajo. Por eso, seguiremos exigiendo más políticas de prevención y una cultura empresarial más respetuosa con la salud en el trabajo. Alfredo Sanz Secretario de Acción Sindical, Protección Social y Salud Laboral de CCOO Navarra

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