El ruido que se ha apoderado de la precampaña electoral, con el bochornoso choque entre Díaz Ayuso y el ministro Bolaños como visible muestra de hasta dónde ha llegado el deterioro de las relaciones entre los dos grandes partidos, es el preludio de la aguda polarización que parece condicionará el debate político nacional al menos hasta los comicios generales. Aunque a fuerza de repetidas hayan dejado de causar extrañeza afirmaciones de grueso calibre cruzadas en el fragor de una agria batalla dialéctica, no puede asumirse con normalidad que el Gobierno acuse de “antisistema” al PP ni que los populares confundan al PSOE con una formación dispuesta a imponer un régimen totalitario. Es dudoso que estos ejercicios de tremendismo ayuden a movilizar a los votantes. Restan credibilidad a los mensajes -también a las críticas con mayor fundamento- y contrastan clamorosamente con la contención y el espíritu comprensivo con el que ambos grupos actúan frente a las propuestas salidas de tono y provocaciones de sus socios. Ese clima hace inviables los grandes pactos que necesita el país. Siendo esto nocivo, aún pueden serlo más los riesgos que implica para la convivencia, cuyo deterioro debería preocupar a los partidos. No todo vale en política. Un ambiente irrespirable, alimentado por una inconveniente inercia de la confrontación partidista hacia el lenguaje y algunas prácticas propias del populismo, ni es inocuo a corto plazo ni puede prolongarse indefinidamente en el tiempo sin dañar el prestigio de las instituciones ni emponzoñar las relaciones sociales. Con el peligro añadido de que una combinación de factores adversos encienda una mecha de imprevisibles consecuencias. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas cuyos gobiernos están en juego el 28-M tienen suficientes desafíos de envergadura, sobre los que en las urnas compiten distintas alternativas a ellos desde visiones ideológicas dispares, como para que queden sepultados en una campaña que debería versar básicamente sobre esas cuestiones.