La vivienda como gancho electoral

El Congreso aprobó ayer la Ley de Vivienda con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, frente al no que unió al PP, Vox, Ciudadanos, PNV, Junts, PDeCAT y Coalición Canaria. La satisfacción de los socios de Gobierno al sacar adelante uno de los proyectos más trabajosos para la coalición contrastó con la abierta oposición del resto y la negativa del nacionalismo de centro de Cataluña, País Vasco y Canarias a secundar la supuesta intromisión de la norma en las competencias autonómicas. El texto se dirige ahora hacia el Senado para culminar su tramitación antes del 28-M. La confrontación ideológica tiene que ver con la siguiente reflexión: hasta qué punto la vivienda es un derecho, cuando no puede eludir que se trata también de un bien de mercado, y sobre la potestad constitucional del Estado social para intervenir en la relación entre particulares limitando la libre disponibilidad de la propiedad privada. Junto a los términos más conceptuales del debate debe advertirse sobre los efectos reales que la ley puede acarrear, como la preocupación real porque el fenómeno okupa se incremente; del mismo modo que topar los precios del alquiler bien podría acabar en un retraimiento de la oferta residencial; y que la oferta se vea afectada negativamente, precisamente para las economías más necesitadas. A pesar de que los socialistas hayan silenciado sus reservas de fondo en la materia con tal de no verse señalados por sus compañeros de viaje ante las próximas elecciones, saben que la norma entraña un potencial de consecuencias no deseadas que serán imposibles de prevenir, estigmatizando a los grandes tenedores de viviendas o alentando al movimiento okupa con la nueva regulación. Pero lo que ya resulta deliberadamente voluntarista es promulgar una ley pretendidamente prodigiosa cuando su aplicación depende de que la hagan suya comunidades que la rechazarán o la orillarán con total seguridad.