El Congreso aprobó ayer la modificación de la Ley de Libertad Sexual que había generado “efectos indeseados” en tanto que favorables a los condenados por delitos de esa índole. Lo insólito fue que la reforma contó con el voto favorable del partido nuclear del Gobierno -el PSOE- y la primera fuerza la oposición -el PP-, lo que soliviantó a varios socios de la investidura; que la ministra de Igualdad, Irene Montero, intervino en el debate en nombre del Ejecutivo para arremeter contra la iniciativa; y que Pedro Sánchez se ausentó deliberadamente del pleno, igual que la mayor parte del gabinete. Todo ello brindó a los populares el aplauso exclusivo a un cambio normativo que ha abierto una brecha de gran calado en la coalición gubernamental. La ministra Montero se ha erigido en representante única de lo que llamó “feminismo mayoritario”, tras oponerse a una rectificación cuya necesidad era más que evidente tras las rebajas de condenas a un millar de violadores. Como lo era la del “perdón” a las víctimas expresado por el presidente. Sin embargo, no se ha acompañado de la asunción de responsabilidades políticas. La oposición a retocar la ley del ‘solo sí es sí’ que entró en vigor hace seis meses se ha basado en un argumento insistente -la centralidad del consentimiento-. El requisito del consentimiento, estuviese así remarcado o no de forma expresa, siempre ha sido determinante para establecer la línea divisoria entre una relación sexual voluntaria y una agresión constitutiva de delito. También en el texto aprobado ayer. Cuestión distinta es que, siendo un principio moral incuestionable, de su demostración en un proceso judicial garantista dependa que, caso por caso, puede desvanecerse la presunción de inocencia de los acusados. La votación de ayer obliga al Ministerio de Igualdad a aplicar todas las bondades de la ley especialmente en relación a las víctimas, sin que se obceque tratando de desquitarse de lo ocurrido de manera partidista.