"¿Es lógico que una menor de edad no puede comprar alcohol, pero puede abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores?"

Solo una sociedad adormecida puede aceptar con sorprendente pasividad la aprobación de la acelerada reforma de la Ley del Aborto en la que su “primera víctima”, el “nasciturus”, un ser humano vivo y concebido para nacer, es relegado al olvido. Sus acompasados latidos en el silencio del seno materno no merecen la más mínima consideración para los políticos, magistrados y legisladores. Aunque puede sentir y manifestar señales de una auténtica vida, no lo puede verbalizar y cada año cerca de cien mil criaturas llenas de vitalidad dejarán de existir en nuestro país en el mismo silencio en el que han vivido. Son destino de una indiferencia generalizada y la conciencia cauterizada de quienes consideran como legítima (incluso como un “derecho”, según algunos) la supresión de una vida que palpita, ignorantes de lo que perpetran los que se encuentran en el exterior, comenzando por su propia madre. Sin contemplaciones, como si de juicio sumario se tratara, se dicta sentencia de muerte sin dar voz a la defensa, ni siquiera a su madre, que tantas veces es una mujer agobiada, sola y abandonada, coaccionada no pocas veces, con verdadero miedo a los problemas económicos y sociales asociados al embarazo. La sociedad le garantiza la gratuidad de los gastos derivados del aborto mientras que la deja sola si decide ser madre. Un panorama poco halagüeño en el que se dan dos víctimas: el niño que se evita que nazca y la madre que aborta. Como afirmó la filósofa Hannah Arendt en relación con el exterminio nazi, “La banalidad del mal”, porque el aborto es un mal con una doble significación: en sí mismo al matar a un ser vivo y, además, un inocente que no tiene posibilidad de defenderse. Una sociedad, a la que se le llena la boca hablando constantemente de derechos humanos, se niega el principal de ellos que es la vida misma a quienes solo piden un poco de ternura. Y de paso, se niega la objeción de conciencia porque ¿cómo se pueden oponer a un derecho legalmente garantizado? Albergo la profunda convicción de que las generaciones futuras nos juzgarán con el mismo rigor con el que ahora juzgamos la esclavitud que durante siglos ha estado vigente, algo que nos parece execrable. Sin duda, el aborto lo es todavía más. El nivel generalizado de insensibilidad y somnolencia cognitiva al que hemos llegado es aterrador. Se nos pide el consentimiento informado para cualquier pequeña intervención médica, para que nos hagan una resonancia magnética o un TAC (un folio o dos en el que se contemplan todo tipo de adversidades que nos pueden suceder) y en algo tan trascendente como elegir entre la vida y el aborto se niega esa información salvo que la gestante lo solicite expresamente. ¿Es esto razonable y coherente con las pautas legales establecidas en las actuaciones médicas ordinarias? ¿A esto se llama progreso y progresistas a quienes comulgan con todo ello? ¿Es lógico que una menor de edad no puede comprar alcohol pero puede abortar sin el consentimiento de sus padres o tutores? Hace veintiocho años (1985) el Tribunal Constitucional (TC) declaró que la vida del “nasciturus” está protegida por la Constitución. Al mismo tiempo se excluyó la penalización de determinados casos de graves conflictos de bienes entre su vida y otros derechos de la mujer del mismo rango. Dos años después (1987) se autorizaron las clínicas privadas para abortar, con la derivada de pingües y fáciles beneficios. En 2010 se legalizó el aborto libre bajo el eufemismo del “sistema de plazos” hasta las catorce semanas de gestación. La nueva ley ha suprimido la información a la embarazada con la exigencia de un plazo de tres días para la reflexión. Pues bien, el propio TC ha provocado un cambio constitucional por sí mismo sin consultar con nadie, arrogándose un poder que la ley no le otorga y creando un derecho al aborto que el propio TC declaró en 1985 que no existía. Los propios jueces que han de velar por el cumplimiento de las leyes la vulneran por conveniencias políticas y quién sabe si también personales. Se ha originado un deslizamiento en el que la legislación para determinados casos graves se ha ido extendiendo y ampliando hasta considerarlo una libre e ilimitada elección- un derecho, aunque cueste creerlo- financiado por el Estado. Al mismo tiempo como la madre tiene derecho a abortar -según la ley- se considera una coacción intolerable la posibilidad de que reciba información ecográfica sobre el bebé. Las profundas contradicciones que contiene esta ley traerán consecuencias indeseadas como hemos podido comprobar recientemente. Francisco Errasti Economista

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