Diario de Navarra

Mina Muga es un proyecto de enorme interés para Navarra. Supone, en su conjunto, una inversión de capital extranjero de 600 millones de euros en la Comunidad foral, así como la generación de 800 puestos de trabajo directos y 160 indirectos. Su implantación, además, representará una actividad económica extra de 58 millones de euros de la que se beneficiarán, sobre todo, pequeños proveedores locales. Y todo ello sin olvidar la enorme repercusión que supondrá para las arcas forales en cuanto a recaudación de impuestos como IRPF, IVA, Impuestos de Sociedades o aportaciones a la Seguridad Social. Son unas magnitudes que, por si solas, ya marean y dan idea de la importancia de un proyecto que supondrá -si finalmente se desarrolla- uno de los mayores espaldarazos que Navarra ha podido recibir a nivel económico y social en estos últimos años. Por si fuera poco, la producción en el enclave se dedicará principalmente a potasa, un mineral del que Europa es deficitaria y depende de las importaciones de Rusia y Bielorrusia. Esa dependencia ha supuesto, solo en el último año, un incremento del coste de esas compras del 100 %. La potasa se utiliza, sobre todo, como fertilizante de cultivos primarios como el trigo, el maíz o la soja. Por ello, el aumento en origen de esta materia prima ha repercutido en los alimentos, se ha trasladado al resto de la cadena de valor agroalimentaria y contribuye al actual estallido de inflación que padecemos ahora mismo. Con este panorama, no es exagerado decir que la extracción de potasa constituye un activo estratégico no sólo para Navarra sino, también, para el resto de Europa. Su producción apuntala la necesaria soberanía alimentaria del continente. Lamentablemente, todo eso está en el alero ahora que estamos más cerca que nunca de culminar un proceso burocrático y administrativo que se inició hace justo 9 años. Asumimos, entendemos y comprendemos que el trámite de una concesión minera es azaroso, complejo y lleno de matices. Los promotores de Mina Muga lo iniciaron en el año 2014 y, desde entonces hasta ahora, han ido obteniendo paso a paso los preceptivos permisos del Gobierno de España, de los departamentos de minas de Navarra y Aragón, de las consejerías forales de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y hasta de entidades como IGME, IGN o la CHE. En todos y cada uno de esos procedimientos, el proyecto ha recibido el correspondiente visto bueno de las respectivas administraciones que lo han evaluado. Además, sus promotores han realizado un importante esfuerzo de transparencia y cercanía con reuniones y encuentros informativos con las comunidades de vecinos más cercanas a la explotación. Una zona, por cierto, que presenta un peligro manifiesto de despoblación y envejecimiento. De esta forma, tras superar una larga tramitación y afrontar un desembolso de más de 90 millones de euros soportados estoicamente por los inversores que desde el primer minuto, se embarcaron en este proyecto, Mina Muga se encuentra atascado. Cuando se encuentra a punto de cumplir el último trámite pendiente, la licencia de obras solicitada hace más de un año se encuentra atascada en el Ayuntamiento de Sangüesa pendiente de recibir nuevos informes de Gobierno de Navarra, así como de otros trámites burocráticos, y se alza como la más crítica barrera a superar. Resulta muy preocupante que este largo tiempo de espera en la fase final de la tramitación, de duración desconocida, pero por lo visto larga, termine por arruinar la apuesta de los inversores y pueda representar la pérdida de un proyecto de una envergadura como no ha conocido la zona en términos de empleo, inversión y recaudación de impuestos. Las Administraciones públicas tienen como primera misión estar al servicio de los navarros, fomentar el bien común y garantizar su seguridad. Por eso, y ante un proyecto de tanto interés para nuestra Comunidad, ¿hay algo más trascendente que centrar todos los esfuerzos de los organismos públicos implicados en acelerar la tramitación de los procesos que quedan pendientes? No olvidemos que los plazos de tramitación que establecen las normativas son de máximos, y que se habilitan mecanismos legales como, por ejemplo, las licencias condicionadas que permitirían el inicio de las obras de forma inmediata. Desde estas líneas solicitamos y exigimos tanto al Ayuntamiento de Sangüesa como al Gobierno de Navarra un esfuerzo final de agilización para resolver los informes y trámites pendientes con la urgencia que requiere un proyecto de este calado para Navarra. Si consideran que los profesionales del Colegio de Ingenieros Industriales podemos ayudar de alguna manera, pueden contar con ella. Todavía estamos a tiempo de evitar el desastre. No dejemos morir el proyecto de Mina Muga en la orilla administrativa. Es mucho lo que está en juego. Miguel Iriberri Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra (COIINA)

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No dejemos morir el proyecto de Mina Muga

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