La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) dirigió ayer una seria advertencia al Gobierno, señalando que la reforma del sistema de pensiones conducirá a una situación en la que los gastos comprometidos duplicarán los ingresos previstos con el incremento de las cotizaciones. El 1,3% del PIB que representaría el aumento de las cotizaciones se quedaría muy por debajo del 2,4% y del 2,3% que la paulatina subida de las pensiones supondría, respectivamente, en 2050 y 2070. La Airef considera que de ese modo el déficit del sistema continuará al alza, y las pensiones sumarían el 16,3% del PIB en 2049. Un horizonte a un plazo vital y político tan largo tiende a relativizar la sostenibilidad futura del sistema, transfiriendo tal responsabilidad a próximas legislaturas y a la siguiente generación. Pero siendo el capítulo de mayor cuantía presupuestaria, y en gran medida vertebrador de nuestro Estado de Bienestar, no bastará con salvar las vicisitudes que se presenten a cada paso ajustando las cuentas de la Seguridad Social. Como resulta temerario despreocuparse en el fondo del equilibrio entre percepciones y cotizaciones, en la confianza de que la Hacienda general está ahí para asegurar las pensiones. El problema es que el aumento del gasto de las jubilaciones derivado de la longevidad se suma al que se produce en paralelo en el ámbito de la atención sanitaria y de los cuidados. De modo que cotizaciones, contribuciones fiscales y copagos han de formar parte de un cálculo general de previsiones y compromisos sociales y políticos que no permite cesión alguna al velo oportunista. Recurrir al erario para cubrir aquello que no alcanzan a atender las cotizaciones a la Seguridad Social supone que los fondos requeridos deberán detraerse, cuando menos en parte, de otros destinados también a gasto social. El reto al que se enfrenta España va mucho más allá de asegurarse la última entrega de los fondos europeos.