"El Gobierno ha agotado los plazos comprometidos con la UE para aprobar la reforma de las pensiones sin que parezca cercano el necesario acuerdo"

El ministro de Seguridad Social ve “relativamente inminente” un acuerdo con las fuerzas políticas y los agentes sociales sobre la reforma de las pensiones. De ella depende el próximo desembolso de fondos europeos a la recuperación, que rondará los 11.000 millones. José Luis Escrivá se había comprometido con la UE a aprobarla antes del pasado 31 de diciembre. Conforme se aproximaba la fecha, restó trascendencia a un retraso de “unos pocos días” que, a su juicio, sabría comprender Bruselas. Posteriormente dio por hecho que el pacto se cerraría en febrero. Ya en marzo, el problema es que los avances en los que basa su optimismo son desmentidos por las partes con las que supuestamente los ha alcanzado. Ni siquiera existe consenso dentro del Gobierno. Unidas Podemos rechaza de plano ampliar el periodo de cálculo de las prestaciones a 30 años, de los que serían excluidos los dos peores, frente a los 25 actuales. Una medida difícilmente asumible también para varios socios de Pedro Sánchez porque reduciría, aunque levemente, el importe de las futuras pensiones. CC OO y UGT se oponen a ella. Su singular sintonía con el Ejecutivo no permite descartar que al final acaben por aceptarla, pero antes de plantearse siquiera en qué condiciones lo harían reclaman una mayoría parlamentaria que asegure la aprobación de la reforma, lo que hoy por hoy parece lejano. El PP y la patronal censuran el aumento de las bases máximas de cotización, entre otros aspectos. En definitiva, salvo acercamientos entre bambalinas que hayan permanecido hasta ahora en secreto, a estas alturas persisten serias dificultades para articular un acuerdo político que avale en las Cortes Generales un decreto-ley en línea con las promesas de Escrivá a la Comisión Europea y que sea aceptado por esta, y uno social más que deseable por la trascendencia de la materia. La proximidad de una doble cita electoral no ayuda. Está por ver si lo hace la amenaza de bloqueo de los fondos de la UE. Ni el Gobierno ni el país pueden permitirse un revés en este asunto.