"El ‘caso Mediador’ irrumpe en la precampaña electoral y obliga al Partido Socialista a exhibir la máxima transparencia en su esclarecimiento"

El regreso del fango de la corrupción al primer plano del debate político cambia el guion previsto ante las elecciones del 28 de mayo, antesala de las generales de diciembre. El estallido del ‘caso Mediador’, una trama dirigida a extorsionar a empresarios interesados en lograr favores administrativos, ha desatado el nerviosismo en un PSOE a la defensiva, temeroso de que este escándalo eleve la factura que pueden pasarle en las urnas las más de 700 rebajas de condenas a violadores con la ley del ‘sólo sí es sí’ y la desbocada carestía de los alimentos, sus dos principales focos de desgaste en la precampaña. Los socialistas han reaccionado con la rapidez y contundencia exigibles en un asunto de esta gravedad al forzar a Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Tito Berni -el presunto cabecilla de la red-, a abandonar su escaño en el Congreso y suspenderle de militancia de forma fulminante tras conocer las investigaciones judiciales en las que está imputado por cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Esa decidida respuesta debe ir acompañada de un ejercicio de máxima transparencia sobre la eventual vinculación con los hechos de otros cargos para llegar hasta el final de unos sórdidos manejos que han desatado una lógica alarma en la opinión pública. Y la resistencia del PSOE a una investigación parlamentaria quizás alimente sospechas. El clima preelectoral ha amplificado el ruido sobre un caso que suma a supuestos delitos morbosos detalles sobre orgías con prostitutas, consumo de cocaína y comidas en lujosos restaurantes como parte de los pagos a los encausados, según el material intervenido al intermediario con un turbio pasado que da nombre al sumario. Es preciso, sin embargo, deslindar los ilícitos penales en los que hubieran podido incurrir responsables institucionales, la asistencia a cenas con Fuentes Curbelo y el mediador por parte de diputados -que no tiene por qué implicar su vinculación con las corruptelas- y comportamientos privados que pueden ser éticamente repulsivos, pero no ilegales.