"Reducir el protagonismo de las Cámaras en el debate de las grandes cuestiones nacionales afecta a la calidad de la democracia"

Sánchez llegó a la Moncloa con el anunciado propósito de convertir el Parlamento en el gran foro del debate político nacional. Al igual que otros, ha incumplido esa promesa al supeditarla a los intereses coyunturales del Gobierno. Una práctica de los partidos en el poder, los mismos que la critican con razón cuando están en la oposición. Ejemplo paradigmático de ella es el empleo abusivo del decreto-ley, una fórmula que limita la función legislativa de las Cortes Generales a validar o no textos en cuya elaboración no ha intervenido, sin una discusión previa en profundidad de su contenido ni posibilidad de introducir enmiendas. Los 132 aprobados en los cuatro años y medio de mandato del actual presidente representan un récord histórico. También se ha extendido el uso torticero de las proposiciones de ley por parte de los grupos que apoyan al Ejecutivo para impulsar reformas exprés que eliminen trámites y eludan la opinión de los órganos consultivos. Más chirriante aún que esas formas de proceder es la negativa del Gobierno a rendir cuentas ante el Congreso y el Senado sobre cuestiones de extraordinaria relevancia. Sin duda lo es la decisión de enviar carros de combate a Ucrania. Como también el histórico giro de 180 grados de España sobre la autonomía del Sáhara Occidental al haber asumido las posiciones de Marruecos. Resulta injustificable que ambos asuntos no hayan sido abordados aún a fondo por el Parlamento y que el Ejecutivo se resista a comparecer en él para explicar con detalle los motivos que le han aconsejado actuar como lo ha hecho, en el libre ejercicio de sus responsabilidades, e intercambiar criterios con el resto de las fuerzas políticas. La disparidad de opiniones dentro de la coalición y entre los socios de investidura no puede servir de coartada para hurtar a las Cortes Generales y a la opinión pública un debate sobre materias de esa trascendencia, por muy espinosas que sean para el Gobierno. Ignorar ese principio minusvalora la función de las Cámaras y afecta a la calidad de la democracia.