Diario de Navarra

El proyecto de construcción de Canal de Navarra en su segunda fase, la que debiera llevar agua desde el embalse de Itoiz a la Ribera, entra en campaña electoral a pesar de su paralización durante años y vuelve su atención como consecuencia del anuncio de su licitación en el presente año. Sorprenden estas comunicaciones ante el hecho de tener guardado el proyecto desde hace años en los cajones de la Sociedad Pública CANASA y del ministerio, sin que haya habido ningún interés en su aprobación, pero, curiosamente, reaparece en este año electoral para someterse a exposición pública. No produce sorpresa el que la Sra. Chivite anunciara, el pasado mes de marzo y recientemente, su licitación precisamente meses antes de las elecciones forales y municipales. Sus declaraciones suponen un brindis al sol ya que lo que dicen o hagan en este sentido, si supuestamente hiciesen algo, forma parte de la propaganda a la que nos tienen acostumbrado los gobiernos socialistas. Las razones para dudar de sus promesas son evidentes y tienen que ver con la respuesta a la contestación de la gran pregunta que no es otra del querer conocer donde están los 292 millones de euros necesarios para su licitación. Cualquier licitación pública necesita disponibilidad y fiscalización de estos fondos y no se conoce dónde pueden estar reservados, fiscalizados o comprometidos. La empresa pública CANASA - 60% Gobierno central, 40 % Gobierno de Navarra - encargada de su licitación y dirección de la construcción no tiene recursos, no tiene esa cantidad de dinero en sus contabilidades, por lo tanto, difícilmente podrá acometer esta promesa. CANASA necesita disponer fondos y principalmente necesita un compromiso y un acuerdo, entre los dos gobiernos, que garanticen la seguridad de disponer de 175 millones de euros del Gobierno central y 117 millones el Gobierno de Navarra hasta completar estos 292 millones de euros necesarios para iniciar la segunda fase del Canal. Y este acuerdo o compromiso no existe. No hay partidas presupuestarias ni en lo Presupuestos Generales del Estado, ni en los de Navarra, ni se conocen propuestas de financiación, ni créditos, ni avales, ni préstamos, ni compromisos de aportación de dinero directamente a la sociedad pública. Todo ello induce a pensar en la mentirosa propaganda electoral y en la falta de credibilidad de las promesas de licitación de la segunda fase. Falla el mensaje al comprobar cómo se financiaron y construyeron las fases anteriores del Canal y cómo no se cumplen en la actualidad con la segunda fase. Con la primera fase el Gobierno central cumplió su compromiso con CANASA y aportó las cantidades que le correspondían en los años 1.998-00 y se pudo terminar la obra de la primera fase con una inversión total de 478 millones de euros. Tanto Gobierno central como el de Navarra -ninguno socialista- cumplieron con sus compromisos económicos. Igualmente ocurrió cuando el Gobierno de Navarra decidió desviar el Canal hacia Tierra Estella en la denominada “Ampliación de la primera fase” lo que supuso un coste adicional para CANASA de 42,5 millones de euros. Se financiaron en base a un “Tercer acuerdo de Actualización del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad Foral de Navarra” firmado en Artajona en agosto de 2013 entre el ministro Arias Cañete y la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina. Ambos gobiernos -ninguno socialista- aportaron sus fondos correspondientes en base a sus porcentajes y esta actuación se realizó y se construyó la ampliación. Muy diferente es lo que ocurre con esta segunda fase que viene bien sufriendo olvidos y retrasos a lo largo de años por el desinterés de los Gobiernos central y de Navarra por avanzar en la adjudicación de esta obra. Desinterés del Gobierno de Navarra en el que se sufre el que una parte sus miembros se oponen al Canal, lo que viene dificultando no solo la habilitación de fondos, sino que además entorpecen y obstaculizan su desarrollo. Desinterés del Gobierno de España por avanzar en una obra que esta declarada de “Interés General de la Nación” y que ante la desidia del Gobierno de Navarra se ha olvidado de este proyecto. Lo más preocupante es comprobar cómo en Navarra y en la Ribera se tienen carencias de agua de calidad para consumo urbano, se sufren sequías y restricciones de agua para riego y estas carencias las padece el sector agroalimentario en su conjunto y la economía de la Comunidad Foral. José Cruz Pérez Lapazarán Exconsejero de Agricultura del Gobierno de Navarra

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Falsas promesas sobre el Canal de Navarra

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