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"Polémica cerrada y sobreactuada"

"El conflicto entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Castilla y León parece resuelto, tras una exagerada sobreactuación en torno a los derechos reproductivos de las mujeres"

Avatar del Editorial DN Editorial DN21/01/2023
El Gobierno dio ayer por zanjado el conflicto con la Junta de Castilla y León a propósito de los planes antiabortistas anunciados por el vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo, de Vox. Considera que se ha saldado con éxito su presión para que esa comunidad se abstenga de adoptar y aplicar medidas que vulneren los derechos reproductivos de las mujeres. En cualquier caso, constituye una interesada judicialización del debate político el empeño del Gobierno de Sánchez de amenazar con los tribunales al Ejecutivo autonómico castellanoleonés cuando sigue sin existir ninguna actuación tangible de la Junta que pueda vulnerar las previsiones legales que amparan el aborto. Resulta evidente la exagerada sobreactuación del Gobierno del PSOE y Podemos agitando un discurso del miedo cuyos efectos a estas alturas son cuestionables. Y también llama la atención la ingenuidad con la que el PP ha caído en la trampa tendida por una extrema derecha deseosa de abrir una batalla ideológica para marcar perfil y ponerle en aprietos. La torpeza con la que Fernández Mañueco se ha dejado marcar la agenda y entrado a ese juego, así como las contradicciones antes de descartar de forma contundente la propuesta radical de Vox, en poco ayudan a visualizar el giro centrista proclamado por Núñez Feijóo. El líder del PP no está dispuesto a arruinar sus expectativas electorales, y mostrar tibieza ante la agenda ideológica de Vox puede ser un error que los populares no se pueden permitir si aspiran a la centralidad. Además, el debate suscitado en Castilla y León ha aportado un valioso balón de oxígeno al Gobierno al alejar del foco dos asuntos que pueden causarle un fuerte desgaste: la rebaja de penas a violadores con la ley del ‘solo sí es sí’ y la reforma para beneficiar a los encausados por el procés. La disputa partidaria sobre un tema tan delicado como la interrupción del embarazo es legítima, siempre que se mueva en el terreno de lo razonable y en el respeto a la ley, pero deja de serlo si las pretensiones son meramente electoralistas.
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