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Leyes que se modifican a la carta

Avatar del Editorial DN Editorial DN23/12/2022
La aprobación definitiva ayer en el Senado de la reforma del Código Penal por la que el Gobierno ha procedido a derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación no solo sella una modificación legal llamada a revertir por la vía de los hechos políticos, junto a los indultos, la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés independentista. La ratificación del paso consumado en apenas un mes por el presidente Sánchez, vía proposición de ley de los grupos del PSOE y Unidas Podemos, certifica que la quiebra entre los dos grandes partidos de España se extiende también a cómo debe afrontarse cualquier intentona secesionista en el futuro. La fuerte controversia por la atenuación de los ilícitos de sedición y malversación, ha quedado superada en los últimos días por un choque entre los poderes del Estado que tiene su origen, precisamente, en esta iniciativa parlamentaria, cuyo objetivo es beneficiar a los socios gubernamentales catalanes. Son compromisos de legislatura del presidente Sánchez con ERC para “desinflamar” el contencioso catalán, aunque en realidad supone una inquietante supeditación de la normalidad democrática a las exigencias particulares del independentismo. El presidente se afana en subrayar que esta estrategia de “reencuentro” halla justificación en la distensión de la conflictividad en Cataluña, en el orillamiento pragmático por Esquerra de la vía unilateral que fracasó en 2017 y en la fractura inoculada en el ecosistema secesionista. Pero se trata de una interpretación tan benévola como interesada de una realidad en la que Sánchez obvia que fue la aplicación del Estado de Derecho lo que frenó las pretensiones separatistas contra el parecer de la mitad de la sociedad catalana. Y los argumentos esgrimidos en el desmontaje de la condena del Tribunal Supremo incurren en el dislate de situar en extremos equiparables a ese Estado de Derecho y a quienes vulneraron la legalidad.
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