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Ataque de Sánchez a las instituciones

Avatar del Editorial DN Editorial DN10/12/2022
Pedro Sánchez ha recurrido ayer una vez más a su táctica de cubrir una encendida polémica con otra decisión controvertida que arrincona a la anterior. La reforma a la carta del delito de malversación para favorecer a los líderes del procés a instancias de ERC no solo ha soliviantado a la oposición, sino rebelado incluso a barones socialistas, temerosos de que esa cesión al independentismo les penalice en las urnas en mayo. El mismo día en el que finalizaba el plazo de enmiendas a la proposición de ley que modifica el Código Penal y suprime la sedición, el PSOE y Unidas Podemos han abierto otro frente al incluir en ella fórmulas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y forzar su inmediato control por el sector progresista. Ambos grupos plantean una rebaja de la mayoría necesaria para que el Consejo General del Poder Judicial designe a los dos magistrados que le corresponden. Pasaría a ser simple frente a los tres quintos actuales; los mismos que deben reunir el Congreso y el Senado para nombrar a los suyos, según establece la Constitución para propiciar el consenso de los grandes partidos. El Gobierno ya amagó con rebajar ese listón a las Cortes Generales en la renovación del Consejo. Las severas advertencias de la Comisión Europea le forzaron a rectificar. Y aunque pueda resultar injustificable el bloqueo por parte del PP, la solución ha de respetar de forma escrupulosa el espíritu y la letra de la Carta Magna, además de preservar el prestigio de la Justicia. El ruido suscitado por esta iniciativa ha ocultado en parte el de la rebaja de penas a la malversación sin ánimo de lucro, que ERC pretende dejar en un máximo de tres años de cárcel. Ahora son doce. Reformar el Código Penal para favorecer a socios del Gobierno con nombre y apellidos y negociar los cambios con condenados por esa causa tensiona los buenos usos democráticos. El presidente Sánchez está dispuesto a utilizar sus intereses partidistas hasta el punto de poner en duda que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
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