Diario de Navarra

El Comisario de Justicia de la Unión Europea se ha acercado al problema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha mediado entre el gobierno y la oposición. Y se ha vuelto a Bruselas advirtiendo que la renovación debería hacerse antes de que España pase a ocupar la presidencia temporal de la UE que toca el 1 de julio próximo, por lo menos para guardar las formas. El sistema de advertencias de la Comisión no es una cuestión cualquiera, aunque lo parezca por el peculiar poder coercitivo de que dispone. En el caso de España, la advertencia no tiene la importancia que está teniendo en el caso de Polonia. No es igual porque las deficiencias de la Justicia aquí son de otro tipo y de momento no hay denuncia. Pero sí hay un perjuicio para la imagen de España tanto a nivel europeo como internacional. Y además, no es nada bueno para el futuro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El asunto ha saltado a la prensa internacional (The Economist) que sitúa el grado de independencia de la Justicia española en el puesto 22 de los 27 miembros de la UE. El fondo de la cuestión es el interés de los partidos políticos en controlar desde el Parlamento el proceso de nombramiento. El comisario europeo ha tropezado con la intransigencia del Gobierno a cambiar de sistema. Con lo cual los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, están implicados en el problema. Decía Montesquieu, padre de la teoría de la separación de poderes, que la independencia entre los tres es necesaria para el adecuado funcionamiento del Estado. Lo decía enfrentándose al absolutismo de Luis XIV. Era una afirmación revolucionaria y negacionista frente al Rey Sol, aquel monarca que se hizo famoso, entre otras cosas, por su frase lapidaria “El Estado soy yo”. La teoría de Montesquieu alcanzó éxito casi universal impulsada por el efecto global de la Revolución francesa. Si el Gobierno ejerce su poder como líder del Ejecutivo no debe interferir en el Judicial y menos aún en su configuración. La mejor manera de garantizar la independencia del Poder Judicial es que los jueces elijan a sus pares sin la intervención del Ejecutivo. Pero el asunto se agrava cuando el Gobierno procede a cambiar las leyes a través del Legislativo. Es lo que hacía el Rey Sol, salvando las distancias que imponen el tiempo y el espacio. No se han seguido las recomendaciones del comisario europeo de Justicia ni hay visos de que se observen antes del término de la legislatura. Y llueve sobre mojado porque el informe anual de la Comisión sobre la situación del Estado de Derecho en los países de la Unión en su edición de julio pasado no ha sido favorable a España. Constata que hay un grado de politización excesivo para la eficacia del Estado de Derecho. En su informe utiliza el lenguaje típico de las advertencias, no el de la crítica directa. Pero dice que en el conjunto de los 27 países miembros el Estado de Derecho en España es comparativamente deficitario. Y no es bueno para el conjunto de nuestra posición en el seno de la Unión, de cuya ayuda financiera ahora dependemos. Aplicar la Constitución es lo correcto. Pero debe hacerse respetando el Estado de Derecho. Se mire como se mire no está previsto en la Constitución que el Ejecutivo interfiera en los otros poderes del Estado. No puede hacerse una interpretación del artículo 122.3 por encima del sentido democrático y del Estado de Derecho que se mide por la razonable separación de los tres poderes. El debate mediático introduce mucha confusión en el funcionamiento de la Unión Europea y en el alcance de las obligaciones de los Estados miembros. Lo vemos al medir la independencia del Legislativo. Así, no es cierto que la sanción del delito de sedición tenga un mayor grado de pena en España que en la media de la legislación comparada europea. Y aunque así fuera, que no lo es, no existe una obligación de homologar la legislación penal en la materia. O sea que todo se arropa bajo un alarde de europeísmo. Pero no cuela para la Comisión. Lo veremos. José Ramón Remacha Profesor Titular de Derecho Internacional

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Que los jueces elijan a sus pares sin la intervención del Ejecutivo

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