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Otra vuelta de tuerca del Gobierno Sánchez

Avatar del Editorial DN Editorial DN30/11/2022
El Consejo de Ministros designó ayer al extitular de Justicia Juan Carlos Campo y a la exdirectora general de la Presidencia Laura Díez como nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Corresponde al Gobierno proponer al Rey dos de los doce integrantes que componen esa institución. Es de suponer que al hacerlo opte por personas en cuyo criterio y solvencia jurídica confíe. Pero es difícil creer que, al mismo tiempo, dé por sentado el carácter independiente de los elegidos -previsto también en la Constitución- cuando han desempeñado responsabilidades de primer nivel en el Ejecutivo durante la misma legislatura en la que son nombrados por éste. La decisión supone una nueva vuelta de tuerca en la politización de los nombramientos correspondientes al Legislativo y al Ejecutivo. Como si las carreras profesionales en la Judicatura, en la Abogacía o en la Universidad solo pudieran aspirar a ser tenidas en cuenta para formar parte de órganos constitucionales si son identificadas con unos u otros grupos políticos con potestad para su designación. Pero aún es más corrosivo para la democracia que la adscripción partidista prevalezca sobre una disposición menos condicionada a la hora de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de las normas que esperan la sentencia de la corte de garantías o que en adelante puedan ser sometidas a su juicio. La ley de salud sexual y reproductiva, la de regulación de la eutanasia, la Lomloe o la reforma de la del Poder Judicial son algunas de las que esperan. La reciente producción legislativa y la que se anuncia por parte del Gobierno -leyes del ‘sí es sí’, trans, de familias, de gravámenes a beneficios extraordinarios...- puede acabar también en el Constitucional. Un tribunal que ha atravesado un período crítico y que en estas condiciones no acabará de asentarse como intérprete último de la Carta Magna a ojos de los ciudadanos. El presidente Sánchez ya no repara siquiera en la imagen exterior que ofrece un gobierno al que solo importa colonizar los estamentos judiciales.
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