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"Legislar sin trueques"

"La urgencia en reformar el delito de sedición no está justificada y afronta además una controversia que afecta a aspectos fundamentales de nuestra convivencia"

Avatar del Editorial DN Editorial DN26/11/2022
La proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para sustituir en el Código Penal el delito de sedición por otro de desórdenes públicos agravados fue aceptada a trámite por el Congreso en la noche del jueves con 187 votos a favor, 155 en contra y 6 abstenciones. El Gobierno de coalición ha eludido de esa manera los informes preceptivos pero no vinculantes de instancias constitucionales como el CGPJ y el Consejo de Estado, o el dictamen del Consejo de Fiscales. Con ello, y su calificación por parte de la Mesa de la Cámara, podría someterse a su aprobación final antes de que termine el año. Una urgencia que no parece justificada porque España requiera actualizar inmediatamente la legislación penal, afrontando además una controversia que afecta a aspectos fundamentales de nuestra convivencia. Las formaciones promotoras del cambio recurren a dos argumentos para avalar su empeño: la homologación de nuestro Código con el común del resto de socios europeos y la necesidad de continuar desinflamando el “conflicto catalán”. En el primer caso, resulta ventajista atribuir a la iniciativa un propósito europeísta cuando en ningún otro país de la Unión se han producido hechos semejantes a los de 2017 en Cataluña ni Bruselas ha echado en falta una mayor armonización al respecto. El segundo argumento es tan sorprendente como falaz. Con él, Sánchez y los suyos vienen a alertar sobre la eventualidad de una grave crisis de naturaleza constitucional en Cataluña si se mantuviera el delito de sedición por el que fueron condenados los dirigentes del procés. Como si la responsabilidad de lo ocurrido no fuera única y exclusiva de los partidos independentistas que convocaron un referéndum ilegal. Ni el Gobierno ni el presidente Sánchez pueden desentenderse de las consecuencias de una producción legislativa deficiente, cuando parecen tan proclives a forzar una Justicia a la medida de sus intereses. Porque esto y no otra cosa es el intento de eliminar el delito de sedición y la negociación del Gobierno de Sánchez con los independentistas catalanes para reformar el de malversación.
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