El informe no vinculante que el Banco Central Europeo (BCE) hizo público el pasado jueves sobre el gravamen que el Gobierno español quiere aplicar a las entidades bancarias a cuenta de sus beneficios extraordinarios como consecuencia de la guerra de Putin relata lo obvio. Que los bancos sujetos a la imposición podrían derivar esa tasa temporal hacia el encarecimiento de servicios a los clientes, la contención del crédito y la renuencia a hacerse cargo de la deuda pública. Algo que el Ejecutivo de Sánchez debía dar por descontado, sin que el BCE advirtiera de los probables efectos de la norma. Poco importa que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, calificara el informe de un “corta y pega” de dictámenes anteriores, y que rebajase el estatus de algo que el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, reconoció que era una “recomendación” y que lo que trata es de ayudar. Aunque durante semanas haya quedado patente que el Gobierno de Sánchez trataba de fijar una idea justiciera sobre las reglas que rigen en una economía libre. Ni siquiera Escrivá debiera considerar baladí que resulte muy difícil sostener el argumento nuclear del propósito legislativo. La existencia de beneficios extraordinarios derivados de la guerra. Los bancos españoles operan como firmas transnacionales. Los beneficios que obtienen son de miles de millones de euros, pero sobre cifras de negocio de centenares de millones en una economía global. Resulta jurídicamente azaroso y hasta temerario atribuir tales o cuales resultados en los balances bancarios a la utilización ventajista de las crueldades que acompañan a una guerra híbrida. Eso es de lo que advierte el informe del BCE. Quedan en el aire las consecuencias finales de una iniciativa que puede aumentar los ingresos presupuestarios, aunque a costa del retraimiento inversor del sector financiero, y que cuesta entender como una solución definitiva para las dificultades sociales y los desafíos económicos a los que se enfrenta el país.