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Fiscalidad autonómica positiva

Avatar del Editorial DNEditorial DN21/09/2022
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, consideró ayer que se trata de un “despropósito” que las comunidades autónomas se hagan competencia fiscal, calificó la supresión del impuesto sobre el Patrimonio de “extraordinariamente regresiva”, y abogó “a título personal” por la centralización de las competencias tributarias. Respondía así al anuncio, la víspera, de que Andalucía prescindirá del impuesto de Patrimonio y, en general, a las iniciativas de reducción de la presión fiscal en las comunidades gobernadas por el PP. Es cierto que el presidente andaluz, Juanma Moreno, realzó la oportunidad que la supresión del impuesto de Patrimonio representaría para atraer ciudadanos que se censen en esa comunidad. La dimensión fiscal del Estado de las Autonomías no excluye, lógicamente, tal supuesto. De hecho puede contribuir a la movilidad de personas y empresas dentro del territorio nacional. Pero la competencia interterritorial que el ministro Escrivá criticó ayer debe dirigirse a procurar que las instituciones de cada autonomía se esmeren en ofrecer un modelo eficiente a reproducir, entre la recaudación y el gasto público, para procurar más progreso y bienestar. Cada comunidad supone una realidad social y económica diferenciada de las otras. Navarra tienen regulados sus propios impuestos de Patrimonio, con mínimos exentos de 550.000 euros. El Estado de las Autonomías ha propiciado la convergencia en cohesión, que en ningún caso se resiente, sino todo lo contrario, permitiendo que cada comunidad adecue su régimen fiscal, en el marco de sus competencias, a los objetivos políticos que en cada momento establezcan las instituciones autónomas. De modo que no toda medida tributaria diferente a las de otras comunidades pueda ser considerada dumping fiscal. La competencia interterritorial será sana y positiva para el conjunto de España siempre que no se truque la evaluación de los resultados. Y siempre que las distintas instituciones -de régimen común, foral o insular- no la eludan.
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