La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lanzó hace una semana la propuesta de topar el precio de alimentos y productos básicos, sin someterla a la consideración del Consejo de Ministros. A la incomodidad mostrada por el titular de Agricultura, Luis Planas, y por la de Defensa, Margarita Robles, le siguió la disposición de la parte socialista del Gobierno a valorar la iniciativa. La reunión que Díaz mantuvo el pasado jueves, acompañada del ministro de Consumo, Alberto Garzón, con una de las grandes distribuidoras pareció dar verosimilitud a la eventualidad de topar el precio de la cesta de la compra. Al tiempo que generaba reacciones contrarias tanto en el sector minorista del comercio como, de nuevo, por parte de las y los demás titulares de carteras económicas en el Ejecutivo. Puede que resulte inevitable y hasta legítimo que distintos socios de un gobierno de coalición expongan ideas y propuestas unilateralmente. Pero menos cabida tiene que desde las instituciones se anuncien medidas de dudoso encaje legal, de aún más dudosa viabilidad y cuyos efectos adversos parecen evidentes, generando expectativas condenadas a la frustración. La cadena de distribución de los productos que forman parte de la cesta básica de los hogares es tan alargada y está participada por tantos y tan diversos actores que la economía de libre mercado no da pie a adoptar una medida o a alcanzar un acuerdo omnicomprensivo. No es casual que las ofertas de contención de precios se refieran a productos de marca blanca y tengan que dejar de lado los frescos. A las dificultades que presenta hacer realidad la contención de precios por iniciativa institucional se le suman los efectos que un hipotético control sobre los mismos tendría en el sector primario, en la transición ecológica y en la mejora de la dieta precisamente en los hogares que atraviesan mayores dificultades ante la carestía de la vida. Aspectos todos ellos que el Gobierno ha de abordar de materia unitaria y en diálogo con los grupos parlamentarios.