Las administraciones públicas, incluido el Gobierno, están llenas de cargos con escaso cometido, buen salario, y ninguna justificación de su utilidad para los ciudadanos. Sin ir más lejos, si desaparecieran algunos ministerios de nombre pomposo nadie se daría cuenta. Pero, si hay un ejemplo paradigmático de lo dicho ese es el de Toni Cantó y su Oficina del Español que acaba de abandonar “en busca de otro proyecto profesional”. Cantó, un superviviente de diferentes siglas en peligro de extinción, pasó del teatro a la política de la mano de Rosa Díez, la ex socialista que fundó UPyD. De ahí saltó a Cs para mantener el acta de diputado. Descontento con la llegada de Inés Arrimadas, se acercó al PP y Casado le “coló” en las listas de Ayuso en Madrid. Presionada por Génova la presidenta madrileña creó ese puesto, unipersonal y muy bien remunerado. Entre sus escasas obligaciones estaba el organizar un concierto con motivo de la fiesta de la Hispanidad, obligación que ha sido asumida por una Consejería sin más duelo. Puesto que, detrás de su salida, hay más trasfondo político que su mera decisión personal, cabe preguntarse cuántos “enchufados” más ocupan cargos sin cometido. Teniendo en cuenta que la deuda pública española ascendía en junio al 116,83% del PIB, y que la recesión anunciada por todos los organismos internacionales va a afectar a las economías europeas, el Estado y el resto de las administraciones van a necesitar todos sus recursos para paliar el empobrecimiento social. El dinero recaudado por los impuestos debe dedicarse a proteger el Estado del bienestar y a la población más vulnerable frente a la inflación. Si los gobiernos autonómicos y central prescindieran de todos los cargos superfluos, colocados a dedo por intereses partidistas, las arcas públicas recuperarían unos ingresos imprescindibles. No creen más oficinas ni negociados de nombres rimbombantes y escaso contenido porque el otoño amenaza crisis y no está el horno para bollos.