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"La justicia es una gran asignatura pendiente de nuestra democracia y es la despolitización de la misma lo que está en juego"

Avatar del Francisco Javier SagüésFrancisco Javier Sagüés09/09/2022
La independencia de los jueces, entendida como la capacidad de autogobierno de los mismos para conducirse con autonomía orgánica y funcional, sin la dependencia e interferencia de otros poderes y órganos externos en el desarrollo de su actividad jurisdiccional, constituye un elemento esencial inherente al Estado de derecho, y es indispensable para la imparcialidad y el funcionamiento del sistema judicial.
Tradicionalmente, los roles institucionales derivados de los fines esenciales de la organización política se corresponden con las actividades asignadas a los tres poderes clásicos del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo, y el poder judicial. El principio de separación de poderes exige la independencia y la autonomía de los órganos a los que la Constitución atribuye las funciones esenciales del Estado; de hecho, la separación de poderes, como instrumento de limitación del poder y como garantía institucional de los derechos y las libertades y de la eficacia en la actividad estatal, no podría materializarse, si los órganos que asumen de manera separada las funciones y los roles del Estado no contaran con instrumentos para garantizar su independencia. Pues bien, el principio de independencia judicial forma parte del principio de separación de poderes como elemento esencial del ordenamiento jurídico, y se erige en garantía constitucional del Estado democrático de derecho.
Es evidente que actualmente ya no existe esa separación estricta en compartimentos entre los órganos o ramas del poder concebida por Montesquieu en 1748 y por la doctrina clásica tradicional, antes bien los diferentes órganos del Estado, aunque tienen funciones separadas, deben colaborar armónicamente entre sí para la realización de sus fines. La Constitución Española de 1978 proclama que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley y al Estado de derecho.
Ello implica un sistema con poderes independientes, autónomos o soberanos, según el caso, pero que se interrelacionan y equilibran recíprocamente. La propia norma designa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como órgano de gobierno competente en el plano institucional para garantizar la independencia judicial, sin carácter jurisdiccional, que estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.
De estos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, según la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y juristas, de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio. Y le ha conferido las funciones de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de jueces y magistrados. La institución del Consejo fue regulada originariamente por una normativa específica y, posteriormente por Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
Su composición ha sido objeto de distintas regulaciones. Hasta ahora, ha habido cuatro reformas o fórmulas de elección de los miembros del Consejo: la primera, aprobada en 1980, la segunda, en 1985, y la tercera, en 2001; en todas ellas, variaba la elección de los doce vocales pertenecientes a la carrera judicial.
En la cuarta fórmula operada en 2013 y actualmente vigente, los veinte vocales son elegidos: ocho tal y como siempre lo han sido, entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de experiencia, y doce entre jueces y magistrados en servicio activo, todos ellos elegidos por las Cortes por mayoría de tres quintos. Pero fue en 1985, cuando el partido socialista, entonces con mayoría parlamentaria, acorde con la frase atribuida a Alfonso Guerra de “Montesquieu ha muerto”, que él niega, aprobó la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ahora permite que las Cortes elijan a todos los miembros del CGPJ; por tanto, dicha reforma vino a sustituir el nombramiento de los miembros del Consejo, que hasta entonces se hacía por y entre la magistratura, por una elección atribuida a las Cortes, es decir, a los partidos políticos.
Definitivamente, la justicia es una gran asignatura pendiente de nuestra democracia y es la despolitización de la justicia lo que está en juego. Por tal motivo, urge reformar el actual CGPJ, pero aspirando a una justicia de valor social, y no a una mera justicia de consumo, desbloqueando la reforma del sistema de designación del actual CGPJ, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, para alinearlo con los estándares europeos, cumpliendo las exigencias del Consejo de Europa y de la Comisión Europea. Cuatro años con el poder judicial en prórroga, y con un bloqueo político por parte de los dos únicos partidos, PP y PSOE, que reúnen las tres quintas partes del Congreso necesarias para acometer la renovación, demuestran que en España, sencillamente, se está incumpliendo un mandato constitucional.
Francisco Javier Sagüés Sala Abogado
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