Diario de Navarra

Todos nos hemos llevado las manos a la cabeza ante las noticias de casos de explotación sexual de niñas tuteladas, y algunos niños, en distintas comunidades autónomas. No es para menos, seríamos insensibles si nos resultara indiferente una de las peores formas de violencia hacia unas niñas que parten de una situación muy vulnerable. Pero la indignación por sí misma no basta; hay que pasar a la acción. Tenemos que exigir que se pongan los medios para que esto no vuelva a ocurrir. Hay que garantizar el derecho de los niños y niñas a vivir en familia, y si no es posible que lo hagan en las suyas propias, facilitarles alternativas de cuidado que reproduzcan la convivencia familiar y les protejan de la violencia. En España contamos con 19 sistemas de protección territoriales, todos con un marco común ofrecido por las leyes estatales, pero con importantes diferencias, que atienden tanto a las realidades diversas como, a veces, a enfoques distintos. Esto es un reto, pero también una oportunidad. Desde 2015 se han producido importantes avances en la legislación que regula los derechos de la infancia, tanto a través de la Ley Orgánica de Infancia y Adolescencia como de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia en el ámbito estatal, así como a través del desarrollo de legislación autonómica. El pasado mes de mayo se aprobó el Plan de acción contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección, un paso esencial en la erradicación de esta vergüenza de nuestros sistemas de protección, que necesita recursos y aplicación de las medidas para ser realmente útil. Las evidencias nos muestran que lo mejor para un niño, una niña o adolescente es crecer en una familia y, si no puede ser la suya, el camino es el acogimiento familiar. Pero no podemos confiar solo en la buena voluntad de los y las valientes que acogen, ni para que den ese primer paso, ni para que saquen adelante a esos niños sin ayuda. Hay que poner en marcha una estructura que favorezca esta modalidad de cuidado, que la dé a conocer, identifique familias adecuadas, ponga a profesionales a asistir a padres y madres, y que asegure que niños y niñas crezcan y se desarrollen plenamente. Antes de llegar aquí, el primer paso debe ser siempre el apoyo a las familias de origen, evitando la separación. Pero si no es posible, los centros de acogida deberían ser la última opción, no la primera. La construcción del tren de alta velocidad, un hospital o la rehabilitación de un edificio histórico ocupan no poco espacio de la agenda y el debate público. El plan de ejecución, el presupuesto, las opiniones de unos y de otros. ¿Por qué a uno de los servicios públicos más fundamentales de nuestra Administración no se le da la misma importancia en el imaginario colectivo? Hablamos de más de 50.000 niños y niñas que necesitan crecer con seguridad. Por ellos y por toda la sociedad necesitamos ya una reforma contundente del sistema de protección, con un presupuesto adecuado, un tiempo preciso de ejecución y, por qué no, con los estándares de calidad e innovación que le pedimos a la red de carreteras o la empresa aeronáutica. Los fondos europeos de los que tanto oímos hablar últimamente suponen una gran oportunidad en este sentido. Desinstitucionalización se llama esa prioridad, que se refleja en el ambicioso Plan Estatal de Garantía Infantil presentado el pasado mes de junio: es decir, sacar a los niños de las instituciones de tutela y dejarlos crecer en familias. La elaboración de la Estrategia Nacional de Desinstitucionalización resalta la necesidad de acabar con el ingreso en centros de menores de 10 años, la transformación del acogimiento residencial y el sistema de protección, así como el fomento del acogimiento familiar, que se plantea como el prioritario. Escuchemos a los profesionales que llevan años viendo lo que funciona y lo que no, contemos con ellos y ellas para reinventar el modelo residencial y acompañar, de verdad, el familiar. Preguntemos a los niños, niñas y adolescentes tutelados y extutelados cómo ha sido su experiencia y cómo la cambiarían. Acudamos a las evidencias, dentro y fuera de nuestro país, para identificar nuevas y mejores maneras de garantizar los derechos de estos niños y niñas. Catalina Perazzo Aragoneses. Directora de incidencia social y política de Save The Children España

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"Más de 50.000 niños tutelados necesitan crecer con seguridad. Necesitamos ya una reforma contundente del sistema de protección"

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