Diario de Navarra

En el Libro Blanco sobre la reforma tributaria, publicado en marzo de este año, se analizan y proponen medidas para modernizar nuestro sistema impositivo y adaptarlo a la realidad económica en la que nos encontramos en España en pleno siglo XXI: medio ambiente, digitalización, actividades económicas emergentes, desigualdad o envejecimiento de la población. El informe es extenso y propone medidas de calado, como que la armonización fiscal prevalezca sobre la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, ensanchar la base imponible del IRPF, la revisión de las exenciones y reducciones, la subida de la tributación de gas natural y carburantes, con objeto de abaratar la electricidad, deducciones o prestaciones reembolsables para salarios bajos, usar el IRPF para mitigar la pobreza infantil o el establecimiento de un límite mínimo para el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Pero las propuestas pasan por subidas generalizadas de tributos, IRPF, Sociedades, IVA, etc. que difícilmente aplicará el Gobierno hoy por la guerra de Ucrania, y el próximo año por la cercanía electoral. En abril, el Gobierno remitió a Bruselas el Programa de Estabilidad, en el que pedía margen para aplazar la reforma fiscal hasta después de las elecciones. Se recomendaba que siguieran las reglas fiscales suspendidas, como más tarde se confirmó, y presentó a la Comisión Europea una ruta fiscal sin subidas de impuestos hasta 2025. De modo que la invasión de Ucrania va a retrasar la anunciada y necesaria reforma fiscal para el futuro que España acordó con Bruselas. El pasado 12 de julio se celebró el Debate sobre el Estado de la Nación, en el que el presidente Sánchez reactivó la reforma fiscal, con el anuncio de nuevos impuestos excepcionales, para llegar con sus socios hasta las elecciones autonómicas y municipales del próximo año, impuestos ya planteados en países como Italia, Polonia y Hungría. En efecto, el 28 de julio PSOE y Unidas Podemos, al objeto de financiar las ayudas frente a la inflación resultante de la guerra de Ucrania y afrontar la crisis económica, registraron en el Congreso como proposición de ley dos nuevos impuestos extraordinarios, con base en el artículo 31 de la CE, a la banca y a las empresas energéticas (eléctricas, gasistas y petroleras), con cifra de negocio superior a 800 millones y a 1.000 millones respectivamente, tomando como referencia el año 2019, que se aplicarán temporalmente sobre sus resultados anuales de 2022 y 2023, en la forma siguiente: a la banca al tipo del 4,8% sobre comisiones e intereses y la masa salarial, y a las empresas energéticas al tipo del 1,2% sobre la cifra neta de ventas nacionales, para recaudar en total 7.000 millones (banca: 1.500 millones/año y energéticas: 2.000 millones/año). El pago de ambos impuestos por los ejercicios previos se realizará en los meses de septiembre de 2023 y 2024; no obstante, se establece un pago fraccionado a cuenta, respectivamente, en febrero de 2023 y 2024, del 50% de tales impuestos sobre la estimación de ingresos del año anterior por un importe de 1.750 millones. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) podrá imponer, en su caso, sanciones del 150% del importe del coste repercutido a los consumidores y usuarios. El sector bancario no ha tardado en mostrar su rechazo total al impuesto, calificándolo de arbitrario, y es muy probable que cumpla su amenaza de recurrirlo ante los tribunales, entre otros motivos, por la doble imposición. De hecho, la Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) alerta de una fuerte desaceleración tras el verano, sin descartar la recesión técnica, en la que ha entrado los EEUU, la primera economía mundial, pero ve dudoso que los nuevos impuestos vayan a entrar en vigor. La banca ha argumentado que la inflación no se combate con más impuestos, que lastrarán la recuperación económica, considerando al nuevo impuesto como contraproducente. El propio BE ya ha advertido que el impuesto a la banca puede tener efectos negativos sobre las entidades bancarias, el crédito y el propio crecimiento económico. Téngase en cuenta que el Ibex bancario, con tipos de interés negativos hasta ahora, ha caído un 50% en los últimos cinco años. El sector energético, aunque ha subido en el mismo periodo un 20%, también se opone frontalmente al impuesto, alegando que en 2022 lejos de tener beneficios extraordinarios han obtenido resultados negativos en España. Sin embargo, desde el Gobierno se espera que los nuevos impuestos servirán para contribuir al controvertido pacto de rentas, que reclaman los agentes sociales para contener la inflación y lograr la recuperación económica, evitando así que su contribución no sea inferior al resto de empresas. En cualquier caso, el Gobierno espera que la proposición de ley se tramite en septiembre y sea aprobada antes de final de año, para su entrada en vigor en 2023. Francisco Javier Sagüés Sala Abogado

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Presente y futuro de la reforma tributaria

"La banca argumenta que la inflación no se combate con más impuestos, que lastrarán la recuperación, considerando al nuevo impuesto contraproducente"

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