Diario de Navarra

Me voy a referir al derecho a la vida y a la integridad personal, cuestión que sigue y seguirá de candente actualidad. Lo que voy a decir es para muchos políticamente incorrecto. Pero vivimos, por el momento, en un país libre. El caso es que nuestra Constitución proclama que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física”. Y en ese “todos” están incluidos los “nasciturus”, nombre latino que significa “los que van a nacer”, porque se quiera o no son una vida humana. Se entiende por gestación llevar y sustentar en su seno al embrión o feto hasta el momento del parto. No discuto el derecho de la mujer a hacer con su cuerpo lo que quiera, hasta para llegar “sola y borracha a casa” (según cantó y bailó Irene Montero en la malhadada manifestación del 8 de marzo de 2020). Pero ese derecho no lleva consigo la facultad de quitar la vida a un inocente por más que se diga que en estado embrionario ni siente ni padece hasta las veinticuatro semanas. La consideración del aborto como un derecho fundamental de la mujer exigiría una nueva redacción del artículo 15 de la Constitución con un texto parecido a este: “Todos tienen derecho a la vida. No se comprenden en este derecho a los “nasciturus”, cuyo nacimiento dependerá única y exclusivamente de la libre voluntad de la madre gestante. Todos los ciudadanos, a través de los centros de salud públicos, correrán con los gastos inherentes a la práctica del aborto”. Existe un error muy extendido que atribuye a Felipe González la legalización en España del aborto libre. No fue así exactamente. La Ley Orgánica de 5 de julio de 1985 de reforma del artículo 417 bis del Código Penal despenalizó la práctica del aborto en tres supuestos: a) evitar un grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por un médico de la especialidad correspondiente, distinto de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto; b) violación, siempre dentro de las doce primeras semanas de gestación y el hecho fuese denunciado; c) presunción de que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas, siempre que el aborto se practique dentro de las primeras veintidós semanas de gestación y que el dictamen, expresado con anterioridad a la práctica del aborto, sea emitido por dos especialistas de centro o establecimiento sanitario, público o privado, acreditado al efecto, y distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección se practique el aborto. La Ley González se ajustaba a lo dispuesto en una sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de junio de 1985 que resolvió el recurso previo de inconstitucionalidad interpuesto en 1983 por el Grupo Popular contra el proyecto de ley de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. En síntesis, el Tribunal consideraba que cuando el derecho a la vida del “nasciturus” entraba en colisión con otros derechos fundamentales de la gestante prevalecían estos sobre aquel. Pero el aborto libre por voluntad de la madre y en cualquier momento de la gestación no está amparado por la Constitución. El presidente Zapatero impulsó una reforma de la ley González que se plasmó en la Ley Orgánica de 3 de marzo de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la intervención voluntaria del embarazo. Mantuvo que, excepcionalmente, podría practicarse el aborto en caso de grave peligro para la salud de la madre y de malformaciones del feto, si bien legalizó el aborto libre por decisión de la mujer, sin necesidad de causa alguna, siempre que el aborto se practique dentro de las primeras catorce semanas de gestación. Los únicos requisitos exigidos son que la mujer embarazada sea informada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad y que transcurra al menos tres días desde que la mujer demandante de la interrupción voluntaria del embarazo reciba dicha información y la práctica del aborto. Si se trata de mujeres de 16 y 17 años o con discapacidad deberán obtener el consentimiento de sus padres o tutores legales. El Grupo Popular interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Zapatero por vulnerar la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la protección del derecho a la vida del “nasciturus”. Aunque parezca mentira el alto Tribunal lleva doce años sin resolver el recurso. Entre tanto el Gobierno Sánchez acaba de aprobar un proyecto reforma de la Ley de 2010, que no altera lo sustancial de la normativa sobre el aborto, aunque elimina la información previa sobre posibles alternativas al mismo. Se garantiza que éste se practique en un centro sanitario público próximo al domicilio de la abortante y si tiene entre 16 y 17 años de edad o padece discapacidad no necesitará el consentimiento de sus padres o tutores legales. Quizás todo lo anterior pronto sea papel mojado. De forma sorprendente, la Organización Mundial de la Salud en marzo de este año publicó un conjunto de “directrices” a escala mundial en la que recomienda a los Estados la derogación de cualquier ley que restrinja el aborto por cualquier motivo, se eliminen todas las “barreras” al aborto y se establezca que esté disponible para cualquier mujer embarazada en un centro público. Todo esto garantiza un aborto seguro para la salud de la madre abortante. Aunque parezca mentira, la OMS recomienda dar a la no-madre licencia para matar sin límite. Al “nasciturus” ni se cita, porque no es nada ni nadie. Diga lo que diga nuestra Constitución. Jaime Ignacio del Burgo Escritor

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Un mundo sin derecho a la vida

El aborto libre por voluntad de la madre y en cualquier momento de la gestación no está amparado por la Constitución

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