El Gobierno tiene el propósito de mantener medidas que palíen los efectos económicos y sociales de la inflación agravada por la guerra en Ucrania, más allá de la fecha de vencimiento de las contempladas en el decreto-ley vigente. El IPC adelantado de mayo -del 8,7% y un 4,9% subyacente- despejó el lunes todas las dudas al respecto. Las familias y las empresas necesitan de ayuda pública para atravesar el verano e incluso el resto del año. Aunque el presidente Sánchez no concretó ayer qué medidas piensa prorrogar después del 30 de junio y qué nuevas líneas de intervención explora el Ejecutivo. El problema de la inflación está sujeto a un debate que el Gobierno elude una y otra vez, que es la incidencia de la guerra en relación a la persistencia de factores más endógenos. Cuestión que resulta necesario despejar cuando es de suponer que el alza del IPC subyacente revela señales de inflación de segunda ronda que podrían lastrar la recuperación. La constatación de que una parte de las ayudas vigentes se ha dado por descontada en la formación de los precios advierte que la espera a la relajación de las tensiones inflacionarias puede eternizarse. Y aunque el cúmulo de incertidumbres generadas por la agresión de Putin es lo que agrava la situación, persisten las causas que afloraban con anterioridad. El Gobierno está obligado a evaluar y someter a discusión los efectos de las medidas en vigor antes de decidir sobre su prórroga o ampliación. Siendo un aspecto clave la valoración de las ayudas aplicadas linealmente, en tanto que la subida de precios de primera necesidad y de energía están afectando severamente a las personas y hogares más desfavorecidos. Ayer Sánchez emplazó a los demás grupos parlamentarios a apoyar las medidas que idee el Gobierno. Pero aunque con la proximidad de las autonómicas andaluzas el país haya entrado en un nuevo ciclo electoral, el Ejecutivo no puede reclamar el voto de aquellas fuerzas con las que ni siquiera trata de acordar las medidas a decretar, cuando en la convalidación de las vigentes se llegó a hablar de su tramitación como proyecto de ley.