Diario de Navarra

A las 12.55 minutos del día 30 de mayo de 2003, una potente bomba lapa acabó con la vida de los policías nacionales Julián Embid y Bonifacio Martín, hiriendo de gravedad a su compañero Ramón Rodríguez Hernández, y a un ciudadano que se encontraba próximo al lugar de los hechos. Fue el último atentado mortal de ETA en Navarra, pero a día de hoy, sigue sin resolverse. De acuerdo con el código penal vigente en el momento de los hechos, este tipo de delitos prescriben a los veinte años si no se han iniciado actuaciones judiciales concretas contra los presuntos autores. A día de hoy, si bien el caso se ha reabierto tras una querella contra la dirección de ETA y dos presuntos autores, en el caso de que los autores materiales fueran otros, lo cual es muy posible, la responsabilidad penal de los mismos prescribiría dentro de un año. Es difícil describir lo que puede sentir una familia en estas circunstancias. Es muy difícil poder expresar lo que una persona pueda sentir al recibir la noticia de que un ser querido a sufrido un atentado terrorista que le ha costado la vida. Es difícil explicar lo que se siente los días inmediatamente posteriores, donde todo se sucede muy deprisa, acuden a capillas ardientes, entierros, funerales y manifestaciones destacados líderes y una parte importante de la sociedad transmite su afecto y cercanía, mientras en los medios de comunicación los asesinatos son noticias. Pero no es menos difícil explicar el enorme silencio, la absoluta soledad y la desesperanza que invade a los familiares cuando, día a día, tras diecinueve años, no se sabe ni una sola noticia del caso. Es lo que ocurre en este caso. Casi diecinueve años después, no hay datos concluyentes que hayan llevado a los cuerpos y fuerzas de seguridad a realizar ningún tipo de detenciones, y la esperanza se desvanece. ETA lanzó una campaña terrible desde 1998 en Navarra. En esas fechas, aquí actuaron al menos los comandos Ekaitza, asesinos de Francisco Casanova y de Tomás Caballero; el comando Amaiur, a quien solo la providencia evitó que acabaran con Miguel Ruiz Langarica; el comando Urbasa, detenido antes de que fuera operativo; el comando Kroma, compuesto por Jorge Olaiz e Iñigo Vallejo, desarticulado también antes de que llegara a actuar; el comando Argala, compuesto por Andoni Otegui, Oscar Celaráin y Juan Carlos Besance, asesinos de José Javier Múgica, desarticulado antes del crimen de Sangüesa; el comando Ilumberri, compuesto por Joseba Segurola Beobide e Ibai Aguinaga Guinea, detenido tras los Sanfermines de 2003. Pero ya entre septiembre de 2002 y mayo de 2003 los golpes perpetrados por policía nacional y guardia civil a ETA habían dejado a la banda terrorista en cuadro, creyendo los responsables de la lucha antiterrorista que eran muy pocos los comandos operativos no desarticulados, y de entre ellos, que pudieran actuar en Navarra, destaca uno: el complejo Basajaun a través de uno de sus taldes. Basajaun fue una incógnita durante bastante tiempo para los investigadores, que, a día de hoy, entienden plenamente acreditado que se formaba de un grupo dinamizador, coordinado presuntamente por Mikel Ata y Miren Zaldúa, y varios comandos dependientes, entre ellos el compuesto por los individuos identificados como Izalbeltz 1 e Izalbeltz 2, estando los cuatro procesados por el asesinato de Juan Carlos Beiro, cometido el 24 de septiembre de 2002. Por el momento, tampoco se ha podido vincular al complejo Basajaun con el crimen de Sangüesa. Por ello es necesario, moralmente imprescindible, judicialmente perentorio, y humanamente irrenunciable reactivar cuantas posibilidades de investigación aún pudieran existir, si es que las hubiera. Un asesinato terrorista sin resolver es un fracaso de la sociedad y de la democracia. Son tiempos difíciles para hacer justicia contra los que un día asesinaron bajo las siglas de ETA. La doctrina Parot, supuso la excarcelación de decenas de miembros de ETA. La doctrina Aristrain parte de la vulneración de derechos que a su juicio sufrió el mencionado miembro de ETA por no poder acceder a un abogado de su confianza, sino a uno de oficio, durante su detención, en la que declaró donde guardaba las armas y explosivos de la organización, lo que ha devenido en que el TEDH declarara vulnerados sus derechos, y a falta de otras pruebas, en su puesta en libertad. Parot ya supuso una excarcelación masiva de miembros de ETA. Aristrain podría suponer algo parecido. Y entre tanto, unas familias, vecinas de Navarra, a cuyos seres queridos mató ETA, ven con desesperación como el tiempo corre en su contra, como nada nuevo aparece, como su soledad se acrecienta y como una misma reparación en forma de justicia se torna casi imposible. Queda un año. Aunque la situación sea complicada, debe hacerse lo imposible para conseguir pruebas evitar la prescripción. Juan Frommknecht Lizarraga Abogado

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30 de mayo: XIX aniversario del crimen de Sangüesa

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