Sabido es que la macroestructura de poder político que montó en 2019 el gobierno de PSN, Geroa Bai y Podemos, nos va a costar a los navarros 24 millones de euros más que en la legislatura anterior. Pero el saqueo no se ha quedado ahí. Se creó Nafarbide, empresa pública que será la encargada de gestionar los peajes de nuevo cuño. Se creó la Oficina Next Generation, destinada a la “coordinación, control, gestión presupuestaria, contable y financiera, así como de gestión del sistema de información de los fondos derivados del PRTR en la región”. Y se creó la Oficina de Proyectos Europeos para “mejorar la asistencia técnica a los departamentos en la articulación y gestión de proyectos”. Y si todo lo anterior no fuera suficiente, el gobierno de PSN, Geroa y Podemos han creado el INI (Instituto Navarro de Inversión), órgano con siglas franquistas que responde a los “objetivos establecidos por la Comisión Europea para los Bancos de Promoción”. Nos dicen que las decisiones de inversión del INI las tomará un Comité de Inversiones integrado por profesionales independientes. Es de esperar que a ese comité se le haga más caso que al Consejo de Sodena, que también se le supone integrado por expertos, y a los que el Gobierno de Navarra ninguneó cuando desaconsejaron la inversión en Davalor.

Y para poner el lazo a todos los chiringuitos anteriores, han creado la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, oficina ideada por la consejera Beaumont en su etapa en el gobierno de Barkos y que no le hizo falta poner en marcha para “levantar alfombras” de los gobiernos de UPN y determinar que no habían encontrado irregularidad o ilegalidad alguna después de analizar expedientes aportados por varios departamentos. Oficina que no hizo falta que existiera para que la Justicia condenara a destacados dirigentes socialistas por el cobro de comisiones ilegales; condenara al exalcalde de Egüés, de Geroa Bai, a dos años de prisión y cinco de inhabilitación por un delito de descubrimiento y revelación de secretos; y condenara a Abaurrea, concejal de Bildu del Ayuntamiento de Pamplona, a seis meses de prisión por un delito de atentado contra agentes de la Policía Municipal.

Tampoco hizo falta que existiera una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción para que la Justicia imputara a Manu Ayerdi, consejero de los gobiernos de Barkos y Chivite, por malversación en el caso Davalor. Para que el Defensor del Pueblo pusiera en manos de la fiscalía el caso de un posible soborno en la sanidad navarra. Para que la Justicia decretara fraude de ley la colocación de la ikurriña en el chupinazo de 2015 por parte de Asiron; dictaminara que su gobierno atropelló los derechos de las familias sobre los cambios de modelo lingüístico; anulara un acuerdo de Pleno en el que se procedía a la aprobación definitiva de la plantilla orgánica al considerar que se habían vulnerado los derechos de participación ciudadana; declarara nulo un proceso de selección de aspirantes a un puesto de técnico de Participación que había sido cubierto irregularmente por un miembro de Bildu, etc. Oficina que no hizo falta para que nos enteráramos de que el alcalde de Estella, de Bildu, librara de una multa a un concejal, también de Bildu, por causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos.

En resumen, han creado una oficina para vigilarse a ellos mismos que, a buen seguro, tendrá la misma efectividad que la ley que aprobaron los actuales partidos integrantes del Gobierno de Navarra, ley que obligaba a dimitir a los altos cargos que fueran imputados por la Justicia, ley que les vino muy mal cuando uno de sus altos cargos fue imputado por la Justicia, ley que cambiaron inmediatamente, no fuera que le afectara a algún otro alto cargo, o carga, de PSN, Geroa Bai o Podemos.

Y para que nadie se quede sin su chiringuito, nos falta la cosa esa del “agregador de contenidos audiovisuales” (Vs tv pública), que para eso hemos pagado con dinero público un informe favorable a la cosa hecho por quien quiere ser adjudicatario de la cosa.

Y mientras tanto, la sanidad navarra en auténtico declive con personas en lista de espera que han fallecido sin ser atendidas. ¡Tremendo! Y la atención a la dependencia, según el Observatorio Nacional de la Dependencia, empeorando por séptimo año consecutivo de gobiernos que se dicen progresistas, suspendiendo con un 3,4 sobre 10. Y seguimos sin poder ser atendidos en la Tesorería de la Seguridad Social porque, según ese mediocre delegado del Gobierno socialista, Arasti, los navarros quieren ser funcionarios, pero de la Administración navarra, no de la del Estado. No cabe excusa más ridícula.

Sólo nos queda entrar en el metaverso en plan matón y marcarnos un cerdán como desahogo.

Chon Latienda Urroz Comentarista