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"El control del dinero público, responsabilidad de todos"

Avatar del undefinedIgnacio Cabeza del Salvador21/05/2022
Vivimos tiempos de incertidumbre, término que por cierto se está decantando como palabra del año. A la pandemia de la Covid, que cambió nuestras vidas cuando todavía sufríamos las consecuencias de la crisis de 2008, le ha seguido la invasión de Ucrania con sus graves consecuencias humanas y económicas. Por decirlo en palabras del psicólogo Edgar Cabanas, ahora sabemos que nuestra capacidad de planificar el futuro es muy limitada y que pensar que todo estaba bajo control era una falsa ilusión.
Esta incertidumbre afecta a la economía en general y, por supuesto, a las finanzas públicas. El doble interrogante al respecto es, por un lado, cómo van a responder las administraciones públicas frente a esta situación; por otro, quién va a controlar sus actuaciones para que se garanticen los principios de legalidad, transparencia, eficacia y equidad.
Centrándonos en esto último, tanto el Parlamento de Navarra como los plenos municipales, los órganos de control interno –fundamentalmente las intervenciones-, la Cámara de Comptos como auditor externo y, en su caso, los órganos jurisdiccionales tienen atribuidas funciones en el control de los fondos públicos. Sin embargo, más allá de esas competencias legales, estamos ante una cuestión que debe implicar a toda la sociedad.
En primer lugar, a los dirigentes políticos que definen las políticas públicas y, por supuesto, a los funcionarios responsables de su gestión y tramitación. Si hablamos de concesión de subvenciones, por ejemplo, al responsable político le corresponde definir objetivos e impacto social de las mismas. El gestor público, por su parte, debe tramitarlas garantizando la legalidad y favoreciendo la utilidad y eficacia social pretendida. En este sentido, es clave contar con procedimientos de gestión adecuados y lo suficientemente ágiles para que la acción pública sea oportuna.
También al propio beneficiario de las políticas públicas hay que pedirle responsabilidad y solidaridad, de manera que los destinatarios de las ayudas sean realmente los sectores sociales más necesitados de protección pública. Tanto la ciudadanía como los diversos agentes económicos deben estar atentos a la correcta concesión y aplicación de ayudas públicas y, en su caso, presentar la reclamación oportuna e incluso hacer una crítica pública.
Los medios de comunicación desempeñan también una función de control sobre los fondos públicos, al destapar en ocasiones casos de mala gestión. Sin olvidar a la sociedad civil, incluyendo ahí a asociaciones, entidades sin ánimo de lucro y ciudadanía en general. Esos colectivos también están llamados a exigir transparencia en la gestión, pudiéndolo hacer a través de los cauces de comunicación que las propias administraciones han puestos en sus manos.
En definitiva, el control de la actividad económico-financiera del sector público es una función que corresponde a la sociedad en su conjunto, que implica a todas las personas y colectivos. Partiendo siempre de la premisa de que los fondos públicos son limitados y que su principal destino, especialmente en situaciones de emergencia, no puede ser otro que cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos y sectores más afectados.
Como responsable de la institución dedicada al control externo del dinero público, pondré todo mi empeño en esta importante labor. Sin olvidar la necesidad de verificar la legalidad de las actuaciones públicas, pero consciente de que hay que poner el foco en el cumplimiento de hitos y objetivos. Estamos ante un cambio de paradigma del control, una exigencia de Europa para la auditoría de sus ayudas anti-pandemia. Se trata de una nueva forma de entender el control que viene para quedarse. Esperemos que sirva para aumentar la eficacia y eficiencia en la gestión del dinero público, un reto fundamental que también afecta a toda la ciudadanía.
Ignacio Cabeza del Salvador Presidente de la Cámara de Comptos de Navarra
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