La zona euro se encamina hacia la primera subida del precio oficial del dinero en once años. El BCE, donde han convivido posturas contrapuestas sobre la fecha más adecuada para dar ese paso, adoptará la decisión antes de lo esperado, según se desprende del viraje en el discurso de su presidenta. Christine Lagarde ha sugerido que lo hará en julio, una vez asumida la necesidad de enviar con rapidez una clara señal, tanto a los inversores como a la ciudadanía, de que hará cuanto esté en su mano para frenar una inflación desbocada por el brusco encarecimiento de la energía y de las materias primas como consecuencia de la guerra en Ucrania. La prolongación de esa escalada durante más tiempo del previsto en un principio, sin que ningún indicio permita predecir una significativa corrección a corto plazo, empuja a actuar al banco central más para demostrar su compromiso con la estabilidad del IPC que por la posible influencia de esa medida en el origen del problema. El movimiento del BCE, que secunda los realizados por la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra, se producirá semanas después del cese de las compras de deuda a finales de junio. Su adelanto es relevante porque abre la puerta a nuevos aumentos de tipos -ahora, en el 0%- este mismo año. Y, además, porque viene envuelto en la advertencia de que la obligada apuesta europea por la independencia energética, para dejar de estar a expensas de Rusia, mantendrá la presión sobre el coste de los combustibles durante un largo periodo, lo que aleja un horizonte de baja inflación como el de la última década. El adiós a una excepcional etapa de dinero abundante y gratuito, que ha permitido afrontar las últimas crisis, tendrá un especial impacto en los países más endeudados. Entre ellos, España, que habrá de adaptarse a un mayor coste de su financiación sin que eso merme su crecimiento y la creación de empleo, ni engrose un déficit insostenible que deberá embridar más pronto que tarde.