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Topar el precio del gas, un alivio con incógnitas

Limitar el precio del gas para producir electricidad puede darse por descontado en un mercado energético tensionado hasta el extremo por la guerra de Putin

Avatar del Editorial DNEditorial DN14/05/2022
España y Portugal fijaron ayer un tope de 40 euros por megavatio hora durante seis meses, que subirá hasta los 48,8 de media a lo largo de un año, en el coste del gas utilizado para alimentar las centrales térmicas. Ello permitirá a ambos países estar a resguardo de los vaivenes de la energía y reducirá el precio de la electricidad en el mercado mayorista más de un 30%, según la vicepresidenta Teresa Ribera. La medida está a la espera de su validación por la Comisión Europea para que pueda entrar en vigor en junio y beneficiará directamente a los hogares adscritos a la tarifa regulada -un 37%-, que Bruselas ha obligado a revisar para limitarla a los colectivos sociales más vulnerables, y al 70% de las empresas. Se desconoce en qué se basa la confianza del Ejecutivo de Sánchez en que la inmensa mayoría de los consumidores acabe favoreciéndose del reajuste decretado. La excepción Ibérica ofrece transitoriamente a España y Portugal la posibilidad de contener una desbocada inflación y de mejorar en competitividad respecto al resto de la Unión. Debe suponer un alivio en un contexto económico delicado. Pero, como está ocurriendo con la ayuda de los 20 céntimos por litro de carburante, no es descartable una limitación de sus efectos en un mercado tensionado hasta el extremo por la guerra de Putin. Según la OCU, las familias beneficiadas disfrutarían solo de una reducción de 15 euros sobre 100. Además, la rebaja convenida del precio del gas empleado para la generación de energía eléctrica bien podría verse compensada por su incremento general y porque las empresas del sector carguen sobre las facturas finales la bajada “muy significativa” que Ribera augura a los beneficios de las compañías. El trato favorable arrancado por Sánchez a la UE está sujeto a los eventuales litigios judiciales de las empresas del sector ante los posibles excesos del afán intervencionista del Ejecutivo y podría acabar subsumido en una estrategia común al conjunto de la Unión si la prolongación de la guerra en Ucrania exige una respuesta de emergencia por parte de los Veintisiete.
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