El mercado de la electricidad, y por ende el de la energía, es complejo. Confluyen en su configuración normas europeas y nacionales. Es el de la electricidad un servicio económico de interés general de naturaleza regulada. Desde la Ley 13/2013 del sector eléctrico con sus numerosos parches y reformas introducidas por decretos leyes, es un mercado en parte, y solo en parte, privatizado, debiendo diferenciarse entre las actividades de generación, transporte, distribución, comercialización, etc... no siempre fácil de entender para el consumidor medio final.

En ese mercado complejo y poco transparente se ha producido un alza espectacular de los precios de la electricidad y también del gas que constituye el componente marginal para fijar el de la factura de la luz para simplificar.

La dificultad del Gobierno de Sánchez y cualquier otro para intervenir en la fijación de precios de la energía es limitado a consecuencia de la existencia de normas europeas, en especial la Directiva 2019/944, que configura un mercado europeo interior de la electricidad con incidencia en los mercados mayoristas y gestión de las crisis, incluyendo medidas sobre la descarbonización del sector energético.

Esa incidencia en el sistema de fijación de precios con arreglo a normas europeas es la que ha justificado el que Pedro Sánchez con el apoyo del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, hayan batallado por cambiar el sistema europeo de fijación de precios de la electricidad en el que tiene una incidencia particular el gas. Ese era el plan a) de nuestro presidente: convencer a los socios europeos en la cumbre de la energía europea del pasado 25 de marzo, en particular a Alemania y países del norte (liga hanseática), sobre un cambio de las reglas de la fijación de precios en torno al gas.

La respuesta ha sido un rotundo no. Nein ha dicho Alemania y los países el norte que prefieren actuar sobre la demanda subvencionando durante un tiempo a los consumidores de sus respectivos países, porque tienen recursos presupuestarios. No quieren un mercado intervenido con precios políticos.

El plan b) de Sánchez con Costa de escudero, ha sido el de poder contemplar una excepción a la regla de fijación de precios, mediante la justificación de que la península Ibérica constituye una isla energética debido a sus escasas conexiones con las redes europeas. Una suerte de excepción o opting out, para que durante un periodo de tiempo, que no se ha concretado, España y Portugal (mercado ibérico) puedan fijar el precio de la electricidad, deslocalizándolo del precio del gas y conseguir así un revulsivo para poder contener el precio de la luz y del gas, y su incidencia en el alza de los precios (inflación), motivo de la grave contestación social en nuestro país, que ha tenido y tiene al Gobierno contra las cuerdas, mediante la huelga de los transportistas autónomos y otros sectores económicos.

Todavía es pronto para saber cómo se va articular esa intervención de los precios de la energía, para lo que es preciso conocer la letra pequeña de lo acordado en Bruselas. Pero ha sido la vez primera en que Sánchez y Scholz se han enfrentado agriamente y habrá que ver, si esa cumbre de Bruselas pasa a la historia como la de Edimburgo con Aznar de protagonista o ha sido un simple regate para salir al paso. Solo el tiempo lo dirá.