El presidente del Gobierno adelantó las medidas con las que el decreto ley que hoy aprobará el Consejo de Ministros tratará de paliar los efectos que la guerra de Putin está teniendo en la economía y el bienestar de los españoles, con vigencia para abril, mayo y junio. Una inyección estimada en 6.000 millones de ayudas directas a cargo del erario, una oferta de 10.000 millones en préstamos del ICO, con un ahorro de 20 céntimos por cada litro de repostaje, la limitación de la subida de los alquileres al 2% en ese trimestre, la reactivación de los ERTE hasta junio, el incremento del IMV en un 15% y la extensión del bono social eléctrico a otras 600.000 familias. Todo ello a la espera de que en un mes se articule la excepción ibérica para desacoplar también temporalmente la tarifa eléctrica respecto al precio del gas natural en España y Portugal. Resulta difícil cuantificar el impacto del conflicto desatado por Rusia sobre nuestra economía, y diferenciar las consecuencias de la crisis energética posterior al inicio de la invasión de Ucrania de los preparativos especuladores del Kremlin y de los demás factores inflacionistas anteriores al 24 de febrero. Pero el Gobierno tenía la obligación inaplazable de actuar. Las medidas contempladas en el plan de choque podían haberse resuelto sin esperar al Consejo Europeo de la semana pasada. Y aunque todas revelen los límites fiscales y de endeudamiento en los que se mueve España, es lógico que la convalidación parlamentaria del decreto correspondiente esté sujeta al requerimiento de iniciativas de otro calado. La incertidumbre se ha vuelto a adueñar de la economía por la invasión de Ucrania. Por ello puede entenderse que cobra sentido en este momento aplicar los 20 céntimos de ahorro en combustible tanto al uso profesional del vehículo como al privado, en particular en desplazamientos inevitables como los laborales. El hecho de decretar el tope de un 2% canónico en el incremento de los alquileres como llamada a la solidariad a los arrendadores no deja de tratarlos como si fuesen parte del problema. La gravedad de la situación exige una respuesta a la altura del Gobierno.